El actor central de una trama de corrupción institucional en Santa Fe que estremeció a Rosario en 2020, aún pendiente de juicio, cayó en la madeja de un delito de estafas. Se llama Nelson Ugolini y por un mensaje salido de un teléfono que utilizaba entonces se supo que dentro de la Fiscalía Regional de Rosario había un grupo de funcionarios jerárquicos que a cambio de sobornos daban protección a un capitalista de juego clandestino. Quien, a la vez, desviaba sus ganancias a la política.
Ugolini fue detenido este miércoles entre un grupo de personas investigadas por estafar a clientes de una agencia cooperativa de automotores en el macrocentro de Rosario. Es un personaje de cualidades singulares, con inclinaciones esotéricas y problemas previos con la ley, que quedó en el centro de una constelación entre políticos y fiscales señalados por amparar al ya condenado capitalista de juego Leonardo Peiti a cambio de coimas. Tiene un pedido de cinco años de prisión acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados más cohecho.
Hace cuatro años dos fiscales investigaban a un delincuente vinculado a Los Monos llamado Maximiliano «Cachete» Díaz, al que se lo tenía como organizador de un atentado a tiros al Casino de Rosario, incidente en el que murió un apostador. En el teléfono de Cachete quedó en evidencia que alguien desde el interior de la Fiscalía Regional de Rosario le pasaba datos sobre dos sospechosos que habían caído por el ataque al Casino.
El hecho de que había un soplón en la propia Fiscalía extremó la pesquisa que descubrió algo poco imaginable. El que hacía de puente con Díaz era el capitalista Leo Peiti. Era este quien tenía los contactos para recibir información reservada de las fiscalías. Nunca pensaron que el enlace interno llegaba a lo más alto. Los que tenían un acuerdo económico con Peiti eran el fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado, y el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien en agosto de 2020 renunció a su cargo antes de ser destituido y espera juicio oral y público por corrupción. Ugolini era quien le filtraba los datos al empresario de juego en nombre de los fiscales.
En aquellas audiencias judiciales de diciembre de 2020 fue notorio que en torno de los casi 200 casinos ilegales que manejaba el empresario Leonardo Peiti se aludía por sus nombres a referentes de la política santafesina para garantizar el funcionamiento del negocio. Los organizadores del esquema ilícito según los fiscales eran tres: Peiti, el ex fiscal regional Patricio Serjal y el senador por San Lorenzo Armando Traferri. Por este motivo pidieron el desafuero del legislador para poder imputarlo supuestamente por recibir dinero para campañas políticas. Sus pares del Senado bloquearon la solicitud. Se desató una disputa jurídica para llevarlo ante un juez que está en el máximo tribunal nacional. La Corte Suprema de Santa Fe validó que Traferri no debía ser investigado si el Senado primero no le quitaba su inmunidad legislativa.
Abogado hoy de 38 años, Ugolini trabajaba en relación estrecha con el fiscal Ponce Asahad y que disponía de información privilegiada de la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.
En uno de esos diálogos Ugolini le decía a la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena en relación al allanamiento a un garito de juego y a la estructura de protección: «Vos metele dale para adelante. Cualquier cosa preguntame que lo toco a este otro de acá en Rosario y Gustavo (Ponce Asahad) me va a saber decir si se toca o no se toca. No te olvides que antes de fin de año nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, ¿me entendés? Por culpa del idiota de Merlo que venía de Melincué que quiso hacerse el fantasma y a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja, justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar juego clandestino y puertos secos, viste».
La alusión exige reponer el contexto. Ugolini alude a la investigación del fiscal de Melincué Matías Merlo que hoy es fiscal regional de Rosario. Desde 2017 Merlo avanzaba sobre casinos clandestinos de Peiti en siete localidades de toda la provincia, en una causa donde, según se ventiló en audiencia, hubo copiosas alusiones a Traferri, apodado Pipi, y también de pagos que Peiti parece hacer a distintas personas, entre ellas el ex secretario legislativo del Senado y ex apoderado del PJ Ricardo Paulichenco, fallecido en 2019, que en un audio le dice al empresario de juego ilegal: «Traeme plata».
Ugolini podría ir a audiencia imputativa en 96 horas sospechado de ser parte de una trama que estafaba a compradores de vehículos a los que les tomaban anticipos y también automóviles como parte de pago. Fuentes de la investigación señalaron a LPO que hay decenas de denunciantes pero que ante lo preliminar del caso no se evaluó con profundidad la jerarquía de las evidencias contra Ugolini. Lo que sí se sabe es que varios damnificados, según las fuentes, apuntan contra él en las denuncias.
En su momento, tras la detección de los diálogos con Ugolini le fue secuestrado el celular a la fiscal Serena. La funcionaria, según fuentes del caso, se negó a entregar la contraseña de acceso a los contenidos de su I Phone 11. Eso generó una reacción de rechazo en el MPA.
La entonces auditora general de gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, inició un procedimiento disciplinario administrativo contra Serena por el tenor de su conversación con Ugolini. Hoy Vranicich es la fiscal general de la provincia.
Ya en 2015 Ugolini había sido separado por la Corte Suprema de Santa Fe de un cargo de la Cámara Penal de Venado Tuerto por una causa vinculada a desarmaderos ilegales de autos, según denunció en su momento el diputado provincial socialista Joaquín Blanco. «Misteriosamente aparece en 2015 en la Fiscalía Regional Rosario siendo parte y mano derecha de un fiscal como Ponce Asahad. Hay que determinar qué falló para que Ugolini llegue con esos antecedentes de connivencia», dijo Ponce.
En su declaración testimonial como arrepentido, cuando la condena para él era cantada, el fiscal Ponce Asahad vertió detalles alucinantes sobre su empleado Ugolini, quien según dijo era muy inclinado a prácticas esotéricas. Afirmó que en su casa tenía un altar de San La Muerte. Contó que su madre era una curandera y tarotista a la que Coqui, como llamaban a Ugolini, le consultaba antes de dar pasos importantes. Luego en el contenido del celular de Ugolini se extrajo que la madre le indicaba que tenía que ponerse los nombres escritos de sus investigadores en los pies y darse vuelta las medias.
Las denuncias contra los estafadores de la agencia de autos de Pellegrini al 3100, en el macrocentro de Rosario, no paraban de acumularse en la fiscalía. Allí se definirá si Ugolini comparecerá la semana próxima en audiencia delante de un juez. El hombre que, con una llamada para pasar información a un criminal, selló la suerte de un fiscal regional de Rosario y dejó al desnudo los vínculos de un legislador de fuerte peso en el esquema de poder santafesino con un capitalista de juego ilegal.
