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Los gobernadores rechazan el decreto de Milei contra las cajas provinciales y está en riesgo el Pacto de Mayo

 El decreto 280/24 firmado por Javier Milei para desfinanciar las cajas provinciales detonó la posibilidad de que los gobernadores suscriban el Pacto Mayo, el decálogo propuesto por el Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias. LPO corroboró que incluso los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Leandro Zdero y Martín Llaryora, aliados al gobierno en la búsqueda de dotarlo de instrumentos legales para la gestión, enfurecieron cuando la medida se publicó por boletín oficial el 27 de marzo pasado.

 

La letra del decreto elimina a través de su artículo 18 los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, prorrogado para el año en curso. En esos párrafos, la norma estipulaba que la ANSES debía transferir el día 20 de cada mes la doceava parte del défici anual que tuvieran las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional pero Milei los borró de un plumazo.

 

La bronca de los mandatarios provinciales es que el gobierno libertario ya no solo pretende recortar fondos que demandan para sostener gastos en sus jurisdicciones sino que, directamente, les quita recursos fijados por ley. De todas maneras los representantes de Juntos buscan evitar la confrontación total y quieren que se destrabe la negociación.

 

Desde la Casa Rosada se excusan diciendo que «las partidas están pero se reasignaron a otros temas provinciales».

 

Las provincias, por su parte, advierten que el guadañazo aleja la posibilidad de firmar el Pacto de Mayo. Cerca de un gobernador del Norte le dijeron a LPO que «hay voluntad de colaborar en la oposición pero no hay voluntad por parte del gobierno nacional».

 

Un diputado radical jugó con una imagen inquietante al respecto. «Si yo fuera amante de Santiago Caputo y estuviera haciéndole rulitos con los pelitos del pecho le diría que la foto de Milei con los gobernadores no le sirve al relato libertario», explicó.

 

La interpretación que se extiende en los bloques opositores del Congreso es que el Poder Ejecutivo «tiró un huesito» a gobernadores y legisladores para «ganar tiempo» pero que nunca le importó el acuerdo porque desprecia al sistema político.

 

Aún así, los gobernadores siguen trabajando para alcanzar un entendimiento en el paquete fiscal, sobre todo por el impuesto a las ganancias. Los patagónicos, por caso, son los más enfáticos en oponerse a la restitución de ese gravamen por el nivel salarial de sus habitantes. «Estamos lejos de llegar a un acuerdo también por la ley ómnibus por estas cosas», dijeron desde el gabinete de un mandatario del Sur.

 

El ajuste instrumentado con el decreto 280 recayó sobre las cajas previsionales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

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