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Politica

Gremios alertan que el Gobierno despediría a 70 mil empleados públicos a fin de mes

Luego del cierre de Télam, de los recortes en el INCAA y el anuncio del Gobierno sobre el despido de 900 empleados del Instituto de Agricultura Familiar, los gremios estatales están en alerta ante la posibilidad de una baja masiva en los contratos de trabajadores estatales que vencen a fin de mes.

Si bien desde Casa Rosada rechazan hablar de cifras, los gremios sostienen que el Gobierno se prepara para notificar el próximo martes el recorte de hasta el 30% de la planta transitoria de la administración pública nacional, que representaría a un total de 70 mil trabajadores.

Desde el Gobierno, en tatno, reconocen que cada organismo definirá qué cantidad de vínculos serán discontinuados: se trata de los contratos que a comienzos del año fueron extendidos por tres meses en diciembre pasado.

Alerta en los gremios por una ola de despidos masivos en el Estado

 

Ante la llegada del fin de semana extra largo de Semana Santa, tanto desde ATE como UPCN advierten que miles de empleados podrían recibir la notificación que finaliza sus vínculos laborales el martes 26 o el miércoles 27 de marzo.

En diciembre del 2023, el Ejecutivo dictó el decreto 84 que canceló los contratos suscriptos durante ese año y ordenó una auditoría sobre el resto de la planta estatal. Ese proceso fue comandado por Armando Guibert, quien este semana dejó su cargo como secretario de Modernización del Estado.

Desde la jefatura de Gabinete aclararon que no hay listados sobre posibles despidos de los integrantes de la planta transitoria, pero ratificaron que cada dependencia decidirá qué contratos continúan desde el 1 de abril y cuáles no serán extendidos.

El vocero Manuel Adorni confirmó

El vocero Manuel Adorni confirmó el despido de 900 empleados públicos

 

Desde UPCN reconocieron que existe «preocupación» por la auditoría en marcha y «están convencidos» de que el Ejecutivo avanzará en un recorte de la planta estatal transitoria.

En ATE, en tanto, convocaron para este jueves, a las 10 a una reunión del Consejo directivo nacional, con la participación de representantes de las 24 provincias, para evaluar la situación y anunciar un plan de lucha en caso se concreten las cesantías.

Si bien no hay cifras sobre los puestos de trabajo en riesgo, aducen que una comunicación interna del Ejecutivo recomienda ajustar «entre un 20% y un 30%» de la planta transitoria y justifican el temor en que existen organismos «en teoría cerrados», como el Inadi, que aún permanecen activos.

El Gobieron confirmó que echará a 900 empleados

 

Lo que sí confirmó el Gobierno este martes es que cerrará otros dos organismos estatales, con lo que habrá una nueva ola de despidos, ya que 900 empleados públicos se quedarán sin trabajo. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

El funcionario ratificó que esta resolución se tomó después de haber revisado «datos calamitosos, profundamente desoladores» sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados.

«Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos«, subrayó al respecto.

El vocero presidencial alertó sobre «la fiesta que había del gasto público» y planteó que había «160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político».

Además, advirtió que se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. «La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo», concluyó.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) fue creado a través del Decreto 729/2022 en el gobierno de Alberto Fernández a finales de 2022. Se trata de un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

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