El transporte para personas con discapacidad está regido por el Nomenclador de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que depende del Ministerio de Salud. El nomenclador establece cuánto se cobra por kilómetro recorrido. Con esos valores, las empresas de transporte realizan un presupuesto a las familias que presentan ese presupuesto a las obras sociales para que lo aprueben y se hagan cargo de los costos.
El problema radica en que el valor del kilómetro no se actualizó en relación a los aumentos que tuvieron los combustibles durante el gobierno de Milei. En diciembre del 2023, el valor del kilómetro estaba en $272,09 mientras que el valor del litro de diesel $328, lo que representaba una diferencia del 32%. En febrero el valor estaba en $359,15 el kilñometro mientras que el valor del litro de diesel un 1069, una diferencia del 226%.
«Nuestros hijos requieren de un vehículo que los pasen a buscar por las puertas de su casa y los lleve hasta sus terapias o sus centros educativos para que puedan tener toda la atención que merecen, se encuentren con sus pares y después volver al domicilio. Eso también posibilita que los padres podamos trabajar», contó María Pía, mamá de Alejo, un nene con discapacidad motriz.
«Para que el transporte funcione, el valor del kilómetro tiene que ser equivalente al valor de un litro de gasoil. Hoy el valor del litro de gasoil es tres veces más caro que el valor del kilómetro. Si eso no sucede no hay manera que se pueda sostener el transporte y el perjuicio a las familias y a los chicos es enorme», agregó.
