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Escándalo en Rosario por los presuntos vínculos de dos fiscales con la mafia de los casinos clandestinos

Lo confirmó el procurador provincial y se trata del jefe regional, Patricio Serjal, y el titular de la Unidad Especial Covid-19, Gustavo Ponce Asahad. Habrían recibido dinero a cambio de protección judicial.

Una enredada trama de connivencia de policías y funcionarios judiciales con una banda que administra el negocio del juego clandestino y la extorsión en Rosario quedó al descubierto luego del allanamiento al domicilio del fiscal Gustavo Ponce Asahad, sospechado de haberles facilitado información sensible y de protegerlos de las investigaciones judiciales a cambio de dinero, todo ello en sociedad con Patricio Serjal, jefe los fiscales en todo el sur de Santa Fe.

El ataque al Casino City Center en enero pasado donde un sicario disparó contra el edificio y mató a un apostador, fue la punta del ovillo de la investigación que desnudó una oscura red que regenteaba garitos y extorsionaba empresarios a los que primero amedrentaban para luego cobrarles una cuota para “protección”.

Pero aquella investigación no solo reveló los pormenores del juego clandestino y los vínculos con sicarios y personajes del hampa barrial, sino también los vidriosos nexos con dos altos funcionarios y un empleado del Ministerio Público de la Acusación, quienes recibían dinero a cambio de lo cual generó un verdadero tembladeral en la provincia.

Ponce Asahad junto a su asesor investigado.

Este viernes, se supo que Leonardo Peiti, uno de los líderes de la organización que administraba las casas de juego ilegales, se había presentado en calidad de arrepentido ante los fiscales de Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y Matías Edery, quienes están al frente de la causa.

En su declaración, Peiti contó que hace poco más de un año lo contactaron desde la fiscalía para ofrecerle información judicial sensible y ayudarlo en las causas que lo comprometían a cambio de una cifra mensual que rondaba entre los 4 y 5 mil dólares. Durante esos meses, se reunió más de 30 veces con Ponce Asahad y en al menos dos oportunidades con Serjal. La última, fue hace pocos días atrás cuando el fiscal regional le pidió que duplique los aportes mensuales porque el círculo se estaba cerrando sobre su organización.

Toda esta información fue revelada a la prensa por el fiscal general de la provincia Jorge Baclini quien reconoció que “es un daño terrible, un golpe muy fuerte” al Ministerio Público de la Acusación aunque destacó el hecho de que la misma fiscalía avance en las investigaciones para esclarecer y sancionar los actos de corrupción.

Jorge Baclini, fiscal general de Santa Fe

En ese sentido, Baclini señaló que los dichos de Peiti se corroboran cuando se contraponen con evidencia objetiva que tiene la investigación como el relevamiento de cámaras en lugares donde dijeron estar, testimonios de terceros, como el del abogado de Peiti quien presenció algunos encuentros con los fiscales o el detalle de haberse alojado en el mismo hotel y el mismo día en una oportunidad en que se reunieron en Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el fiscal general relató que hace diez días, Ponce Asahad estuvo recorriendo el Organismo de Investigaciones donde advirtió que existía una investigación detallada del funcionamiento de los garitos y fue entonces cuando volvieron a contactar a Peiti para reclamarle una cifra mayor, unos 10 mil dólares y pedirle que destruya los teléfonos. Al día siguiente, el seguimiento de las comunicaciones de la banda se cayó.

En definitiva, el procurador general estimó que las pruebas reunidas son más que comprometedoras para los fiscales mencionados que serán procesados y sus carpetas serán remitidas a la Legislatura para que definan los pasos administrativos. En ese sentido, el senador Raúl Gramajo convocó para el próximo martes a la Comisión de Acuerdos para analizar el caso.

La auditora general Cecilia Vranicich informa sobre el allanamiento al domicilio del fiscal Gustavo Ponce Asahad.

Sarjal ya había sido duramente cuestionado tiempo atrás en la Legislatura por un puñado de diputados por haber frenado una megacausa sobre apropiación de tierras de forma indebida por un grupo de escribanos, abogados y personalidades encumbradas del poder político de Rosario. Además, desplazó a los fiscales que estaban al frente de la oficina de Delitos Económicos. Luego se supo que había recibido dos autos nuevos que nunca pudo explicar su procedencia.

También fue señalado como responsable de haber archivado una causa sobre uso indebido de fondos que comprometía a varios senadores provinciales. Ahora, según los dichos de Baclini en el allanamiento a Ponce Asahad se secuestró dispositivos informáticos y un pendrive con información relevante.

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