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Economía

Confirman Aumento En La Telefonía Móvil: De Cuánto Será El Incremento Que Autorizó El Gobierno

Las conversaciones entre el Gobierno nacional y las empresas de telefonía móvil avanzaron hacia un acuerdo que tendrá como fin un nuevo aumento de precios: las prestadoras podrán aplicar aumentos en febrero y en marzo. La pauta para poder hacerlo es que reintegren a los clientes lo percibido en enero por encima del 5% autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones.

“Es muy importante que hayamos encontrado una solución dentro del decreto 690”, indicó el director de Asuntos regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga.

El decreto 690, es el que fue ratificado por el Senado nacional y que categoriza a internet, telefonía móvil y TV paga como servicios públicos, esenciales y en competencia.

También determina la implementación de una prestación básica universal y establece que los aumentos de las tarifas de estos servicios deben tener el visto bueno del Gobierno, tal como ocurre con las prepagas.

Según distintas fuentes del sector privado las empresas que devuelvan lo pagado de más a todos los clientes de telefonía móvil, por encima del 5% de enero, podrán facturar el servicio con un alza del 7,5% en febrero y del 2,5% en marzo.

Dos de las tres empresas del sector, Claro y Telefónica, ya habían indicado en distintas oportunidades su disponibilidad a reintegrar lo cobrado a los clientes por encima del aumento del 5% autorizado por el Enacom.

Entre costos y admisiones

pesosEl sector privado tiene la obligación de informar con al menos 30 días de anticipación los aumentos

Tal como viene informando iProfesional, el conjunto de las empresas del sector estuvo exponiendo sus estructuras de costos y solicitando incrementos de precios más altos que los autorizados hasta ahora. Argumentan que de no recomponerse esos precios el sector pondrá en riesgo su sustentabilidad, es decir, realizar nuevas inversiones orientadas a mejorar la calidad del servicio. La conectividad adquirió la relevancia que, hasta ahora, no había alcanzado de manera suficiente debido a la pandemia.

De hecho, en la resolución 27/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) publicada este martes en el Boletín Oficial se admitió esa situación. En los fundamentos se reconoce que “la realidad del segmento analizado demuestra que la mayor incidencia en los costos está dada por los rubros de equipamiento y de conectividad entendida como los valores de los vínculos de interconexión a internet”.

Y sigue: “Que en virtud de que en los rubros equipamiento conectividad los precios de mercado deben abonarse a valor dólar, también se torna trascendente el análisis de la variación del tipo de cambio”.

Una alta fuente vinculada en la negociación entre Gobierno y empresas aseguró a iProfesional que, al aumento de febrero para las pyme y cooperativas, le seguiría uno nuevo, en marzo, ahora sí para todas las jugadoras del sector, incluidas las grandes Telefónica, Claro y Telecom. A estas compañías les cabría el mismo 7% que a las pequeñas operadoras y, en esta oportunidad, alcanzaría a la telefonía móvil, con un universo de unos 35 millones de clientes, servicio que las pyme aún no brindan.

A diferencia de estas últimas, al tercer mes de este 2021 las compañías de mayor peso habrían acumulado una suba de precios de 14%, también alejada de un aumento de costos, similar al del resto de los jugadores del mercado.

Que el incremento de febrero se haya oficializado recién hoy genera algún tipo de inconveniente en la operatoria de las empresas. El sector privado tiene la obligación de informar con al menos 30 días de anticipación los aumentos de precios. Con un febrero iniciado y la necesidad de facturar ese incremento, ¿qué caminos podrían tomar las empresas?Las empresas argumentan que los retrasos en los aumentos de precios impactará en la calidad de los serviciosLas empresas argumentan que los retrasos en los aumentos de precios impactará en la calidad de los servicios

Están las que se quejan de que los movimientos del Gobierno les impide cumplir con la normativa. Están las que mandaron la factura de febrero tal como estaba todo y enviarán una nueva con el incremento una vez que esto sea oficial, y están las que mandaron las boletas con aumentos por encima del permitido que, ahora, tendrán que refacturar o dar un crédito a favor a sus clientes.

En este grupo se encuentra Telecom, el principal punto de las críticas de los funcionarios de Gobierno que ya no hablan en términos generales sobre las “empresas que incumplen” sino que se dirigen de manera directa a la telco del Grupo Clarín.

Fuera de esta guerra que se reedita 10 años después de la apobación de la ley de medios, el temor que se extiende al grueso de las compañías que conforman esta industria es que la demora con la autorización del incremento para febrero se repita en marzo, y así también el atraso con la facturación pertinente y demás.

¿Qué pasa con la internet barata?

Otro de los temas que se negocian en un escenario de marcada tensión se vincula con la Prestación Básica Universal (PBU). Tal como viene informando iProfesional, uno de los primeros puntos que cuestionaron las empresas más chicas fue que los precios a los que se deben ofrecer estos servicios se ubican, en ciertos casos, por debajo de los costos, lo que hace dificultosa su implementación.

Por eso no sólo se pidió que esos valores se suban sino que, además, se exima a las empresas más pequeñas de esta obligación. No está claro en este momento si una recomposición significativa de ese precio llevará implícito el hecho de que no queden exentas. Lo cierto es que pareciera haber cierto entendimiento en que, por caso, los abonos de internet – de 5 mb o 10 mb según la zona- cuyos valores hoy se ubican en los $700 no podrían costar menos de $850 más IVA. Hay quienes señalan que ese piso podría ser todavía un poco más alto. Pero todo es prenda de negociación en estas horas.

En el primer mes de ejecución de la PBU, unos 80.000 usuarios habrían pedido esas prestaciones a bajo costo, según informó TelcosMedia.

Lo cierto es que, mientras por un lado, el Gobierno y el Grupo Clarín se vuelven a trenzar en una batalla por el incumplimiento de los aumentos de servicios de telecomunicaciones autorizados, la judicialización del DNU 690 que determinó la intervención de los precios del mercado además de haber cambiado el status del sector y el festival de declaraciones que se genera alrededor, por el otro, está la realidad de las empresas que tienen la obligación de garantizar la conectividad, aspecto que nunca se cuestionó desde el sector privado.

Garantizar derechos implica, en este nuevo escenario de las telecomunicaciones, que el sector privado se mantenga saludable. Y, como en toda estrategia de prevención, se deben tener los antecedentes sin dejar de mirar para adelante. De lo contrario el diagnóstico puede ser erróneo, se comete mala praxis. Y ya se sabe el resultado cuando esto sucede.

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