El titular de la cartera de Justicia, Martín Soria, y el fiscal Sebastián Basso analizaron el procedimiento que cuenta con el aval del procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, y cobró impulso luego de la reunión bilateral mantenida entre el ministro y su par de Brasil, Flávio Dino.
Según se informó oficialmente, Soria y Basso mantuvieron una reunión luego de que se solicitara a la Cancillería proceder con el juzgamiento en Brasil de Farouk Abdul Omairi, acusado como partícipe necesario del mencionado atentado.
«El pedido formal de la cartera de Justicia se realizó el 23 de noviembre, dos días después que el Procurador General interino de la Nación dictaminara a favor de implementar el enjuiciamiento de Omairi conforme lo previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1 del Tratado de Extradición entre Argentina Y Brasil, firmado en 1967″, se explicó.
El 13 de junio pasado, el juez federal Daniel Rafecas solicitó a Interpol la captura internacional de Omairi, luego que el Fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, lo acusara –junto a Hussein Mounir Mouzannar; Alí Hussein Abdallah y Abdallah Salman- de desempeñar un rol clave en el atentado contra la sede de la AMIA de 1994.
En función de ello, el Gobierno Nacional solicitó su extradición al Gobierno de Brasil para que sea juzgado por la Justicia argentina, pero la constitución de ese país prohíbe la extradición de ciudadanos y naturalizados.
Sin embargo, el tratado bilateral de 1967 establece que, en aquellos casos en los que un individuo no pueda ser extraditado, se habilite el procesamiento y el juzgamiento por el hecho que funda la solicitud de extradición, a través del Poder Judicial de residencia del imputado.
Es por ello que, en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur, Soria dijo: «En nombre del Gobierno y del pueblo argentino quiero agradecer a Flavio Dino, y por su intermedio al presidente Lula Da Silva, por la colaboración y por el apoyo brindado, (para) poder poner a derecho y juzgar a uno de los considerados participes necesarios de uno de los más cruentos atentados terroristas sufridos en nuestro continente».
Farouk Abdul Hay Omairi está imputado de formar parte y/o cooperar con la organización que facilitó las actividades para perpetrar los atentados con explosivos en la ciudad de Buenos Aires, los días 17 de marzo de 1992 y 18 de julio de 1994.
El llamado a indagatoria también establece que su cooperación “como integrante de la organización fue –bajo la fachada de agencias de turismo– facilitar los trámites de ciudadanía y documentación a todas aquellas personas de origen árabe” (…) “para lograr una identidad falsa y facilitar el desplazamiento sigiloso y oculto ante las autoridades”.
