La reciente decisión del gobernador de vetar la ley que representaba un avance significativo en la política social y sanitaria en nuestra región ha suscitado una profunda preocupación. La diputada Pia Cavana ha señalado con claridad que teníamos la oportunidad de actuar como un escudo ante el ajuste de la administración de Javier Milei, un ajuste que amenaza la estabilidad y el bienestar de miles de adolescentes.
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La ley en cuestión, que había demostrado su eficacia al reducir el embarazo adolescente en un 50% en los últimos seis años, no solo era un instrumento crucial para la salud pública, sino también una promesa de esperanza para quienes buscan construir un futuro digno y lleno de oportunidades. Al vetar esta legislación, se ha despojado a numerosas jóvenes de recursos y apoyo vitales, condenándolas a un ciclo de desventajas que podría haberse evitado.
Esta decisión arroja luces sobre la despriorización de temas fundamentales para el desarrollo social. En un contexto donde el bienestar de nuestros jóvenes debe ser una prioridad ineludible, la supresión de iniciativas que promueven su salud y empoderamiento resulta no solo criticable, sino lamentable. Es imperativo que la sociedad civil y las instancias políticas reflexionen sobre las consecuencias de tales decisiones, que afectan el presente y el futuro de nuestra juventud. En este sentido, se nos presenta la urgencia de rescatar el diálogo y la colaboración en pro del bienestar colectivo, afirmando que la política social y sanitaria debe ser un pilar irrenunciable de nuestro compromiso con las generaciones venideras.
