Mario Villar busca que se revoquen todas las absoluciones y que se eleve la pena de la expresidenta a 12 años de prisión. Presentará un recurso extraordinario federal ante el máximo tribunal.
El fiscal general Mario Villar apelará ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El representante del Ministerio Público Fiscal en el proceso que juzga hechos de corrupción en la obra pública de Santa Cruz busca que el máximo tribunal revoque las absoluciones y que la expresidenta sea condenada por asociación ilícita, una figura legal que elevaría la pena de 6 a 12 años de prisión.
Altas fuentes judiciales le dijeron a TN que la fiscalía presentará un recurso extraordinario federal a la Corte para que CFK sea condenada por asociación ilícita y no solo por administración fraudulenta. Cristina también irá a la Corte Suprema para que se revise su condena, por lo que los ministros deberán resolver ambos planteos.
“La sentencia de Casación repite lo que dijo el Tribunal Oral y no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos. En esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte”, plantearon fuentes judiciales.
El Ministerio Público, que tiene 20 días hábiles para presentar el recurso extraordinario, cuestionará además las absoluciones de funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido o el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Este miércoles, la Cámara de Casación confirmó la condena a CFK a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa Vialidad.
Además de la condena a seis años de prisión, la Sala IV de la Cámara de Casación homologó un embargo cercano a los $84.000 millones de pesos, que sería equivalente al perjuicio económico a la administración pública que provocó la causa.
En el caso se investigó si existió una maniobra orquestada desde la presidencia de la Nación que conducía Cristina para beneficiar al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública asignados a sus empresas, entre estas, Austral Construcciones insignia del grupo.
En este sentido, para la Justicia CFK llevó adelante esta maniobra a través del decreto 54/2009 con el que se modificó el fideicomiso 975/2001 (Tasa Gasoil con el que se financiaban proyectos de inversión vial). La modificación significaba la incorporación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial. En otras palabras, se le otorgó plenos poderes a este organismo para hacer uso discrecional de los fondos para la obra pública vial. Desde este organismo se asignaron millonarias obras públicas a las empresas de Báez, las que en algunos casos no se terminaron ni empezaron.
En lo relativo a la figura de asociación ilícita que el Ministerio Público Fiscal reclamaba aplicar, los jueces indicaron que ello no era posible por un impedimento técnico-procesal y que no se encontraba acreditada la “pluralidad de planes delictivos” que la figura de la asociación ilícita exige para su configuración.
