Manuel García Solá, ex titular de Educación de Menem, había sido designado por parte de la Sociedad Rural. El Ejecutivo le exigió a la entidad agropecuaria que lo remueva. «Jamás se alcanzó la libertad económica, que proclamamos en la SRA, sin libertad política, libertad de pensamiento y disenso democrático», aseguró el renunciado.
Por Gustavo Sarmiento
Manuel García Solá no es una persona relacionada al progresismo. Fue designado como director en el Conicet por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y en los ’90 ejerció como ministro de Educación de Carlos Saúl Menem. Sin embargo, quedó a la izquierda del actual gobierno, al denunciar «persecución ideológica» del Ejecutivo hacia becarios e investigadores. ¿El resultado? Le exigieron la renuncia.
El despido encubierto del organismo llegó luego de que el Gobierno elevara un pedido a la entidad agropecuaria para desplazarlo de su cargo. En declaraciones a Radio Con Vos, Manuel García Solá lo adjudicó a su reclamo por «persecución ideológica» del oficialismo a la comunidad científica, en medio de una asfixia presupuestaria que está generando despidos, parálisis de proyectos, renuncias y fuga de cerebros.
García Solá también escribió una carta, en la que aseguró que su dimisión no era voluntaria sino que respondía a esa “persecución ideológica”. Compartía su rol de director con Roberto Rivarola, Mario Pecheny, María Laura Correa, Luz Lardone y Jorge Aliaga.
El ex director había asumido el cargo en junio de 2022 y su mandato finalizaba en 2026. Ante la presión del Gobierno, la propia Sociedad Rural que había impulsado su nombramiento le pidió la renuncia. }}}¿Persecusión en el Conicet?
En una carta dirigida al presidente de la entidad agropecuaria, Nicolás Pino, García Sola remarcó que “en la historia reciente de la humanidad jamás se alcanzó la libertad económica, que proclamamos en la SRA, sin libertad política, libertad de pensamiento y disenso democrático, sin respeto a las ideas de otros, sin tolerancia y sin justicia en la distribución de los bienes”.
Recordó que el reglamento del organismo establece que “los miembros del directorio actuarán con independencia de criterio y no en representación de sus proponentes. Y eso es lo que se hace en ese directorio, querido presidente: política científica y tecnología de más alto nivel”.
Añadió: “Nunca voy a callar mi voz cuando intentan acometer alguna persecución por ideas científicas, políticas, religiosas, tecnológicas o las que sean”. E incluso destacó haber derribado “prejuicios” que “separaban a buena parte de la comunidad científica del sector agropecuario y viceversa”.
Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) emitieron un comunicado donde alertan que «García Solá, representante del Agro, se va, denunciando persecución ideológica en el Conicet, impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación. No nos da lo mismo, no queremos un país con caza de brujas, nada es posible cuando el Estado Nacional, que debería velar por los intereses de su población, se persigue a quien piensa distinto».
Una deuda pendiente
García Solá afirmó que le quedó un objetivo pendiente: la profundización de la transferencia de tecnología desarrollada «en la red de institutos y laboratorios del principal organismo de ciencia de Latinoamérica (el Conicet) al sector agropecuario y sus empresas». Así lo señala: “En eso no me voy a satisfecho. Es que el cambio del gobierno del año pasado y de las políticas en materia de ciencias tecnológicas lo trucaron”.
Puso como ejemplo la interrupción del convenio asociativo entre la SRA, el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y las Asociaciones de criaderos para crear un Centro de Análisis e Investigación Genómicas multiespecie, que hubiera podido “consolidar el liderazgo argentino en la selección genética en Latinoamérica”.
“Cuando estábamos a un solo paso de que se concluyera el inicio de las compras de medicamentos y de la firma de convenios asociativos, cambiaron los actores y todo se paralizó. Espero que rápidamente y a través de sus interlocutores con el actual gobierno se retome acá el ritmo que había logrado imprimirle a la relación”, subrayó.
Y concluyó en un mensaje hacia Milei, ante el silencio cómplice de las autoridades ruralistas, un sector que depende y se nutre esencialmente de los desarrollos de la ciencia nacional de cara al sector agropecuario: “Las renuncias, señor Presidente, siempre tienen un motivo. En general, el renunciante alega motivos de índole personal -que siempre lo son, en alguna medida-. No me siento abarcado en esta categoría y usted lo sabe. Y como no era mi voluntad hacerlo, me pareció en sintonía con el tipo de relación que siempre tuvimos explicitar, en lo que fuera posible en el marco de la prudencia, mi disenso con la causa que seguramente lo llevó a usted a hacerme esta solicitud. El tiempo dirá”.
Cientificidio
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología alertan ya hace meses acerca del riesgo de “cientificidio”, entendido como la destrucción sistemática de la ciencia y tecnología argentinas: «El desfinanciamiento que afecta al conjunto de los organismos de CyT, a las universidades y a las provincias, reviste especial gravedad, ya que restringe el desarrollo de las actividades de investigación y favorece la emigración de recursos humanos altamente calificados».
Aseguran que «nunca en 40 años hubo una caída del gasto nacional tan grande y en un lapso tan corto»: se prevé un descenso del 24,3% entre 2023 y 2025 (en millones de pesos, devengado 2023: 155.240.562 / presupuesto 2025: 117.554.749 = -24,3). En este marco, el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2025 presentado por Milei al Congreso suspende 3 artículos de la Ley de N°27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de CTI.
La norma original establece un aumento progresivo del presupuesto nacional destinado a ciencia y técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Además, estipula que al menos el 20% del incremento se destine a los sistemas provinciales, priorizando a las regiones de menor desarrollo.
También denuncian la suspensión del artículo 8° de federalización, que impacta negativamente en todas las provincias y frena un proceso tendiente a lograr mayor equidad en las regiones. La Ley establecía un 20% de los fondos, como mínimo, el incremento anual en el presupuesto nacional de la función Ciencia y Técnica, destinados a promover la equidad territorial en la distribución de los recursos.
«Para dar una idea de las brechas –apuntan en la Mesa Federal– cabe destacar que en el año 2019 -año anterior a la presentación de los proyectos que dieron lugar a la Ley– el presupuesto nacional asignó para la función Ciencia y Técnica un promedio de $1.092 por habitante, pero al observar la distribución por provincia se advertía que mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron $3.973 los de Santiago del Estero apenas recibieron $258. El presupuesto por habitante de CABA equivalía al de la sumatoria de doce provincias: La Rioja, Corrientes, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero».
