Se trata de la armería Bordoni vinculada al comisario retirado Egidio Lo Giúdice. De ese comercio salió el 65% de las armas volcadas al delito.
En una ciudad como Rosario, donde el fenómeno criminal en los últimos 20 años explotó en una violencia inédita que produjo dos mil muertes, un problema endémico es la circulación de armas de fuego.
Esta semana quedó claro con una investigación cómo el mercado negro de armas en la ciudad se construye con los aportes de personas que están inscriptas legalmente como usuarios y compran en armerías habilitadas. Se determinó que usuarios legítimos adquirieron de este modo en los últimos tres años 240 armas legalmente, por valores totales que superan los 150 mil dólares y sin tener capacidad de pago demostrable.
Un lugar central para la venta de esas armas es una armería que ganó celebridad en Rosario por sus oscuridades. Los investigadores del caso calculan que de allí salió el 65 por ciento de esas armas, la mayoría pistolas 9 milímetros, que son las más utilizadas en los delitos de sangre. La armería está ligada a un ex oficial superior de la policía de Rosario. Es el comisario mayor retirado Egidio Antonio Lo Giúdice, «El Tano», quien trabajó durante la mayor parte de su servicio activo en organismos locales de control de armas.
Lo Giúdice no está imputado de ningún delito pero se encuentra bajo investigación de los fiscales que el lunes pasado imputaron a 12 personas por comprar armas repetidamente que no se encontraron en su poder. La armería Bordoni, que se presenta como una empresa familiar con 29 años en el mercado figura a nombre de su esposa, que tiene ese apellido.
De acuerdo al legajo en preparación uno de sus hijos es instructor de tiro que es la persona que da fe que quien gestiona la credencial de legítimo usuario de armas realizó una instrucción. Su yerno, por último, es gestor para operaciones registrales ante la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, órgano que fiscaliza la entrega legal de armas.
El lunes pasado los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani imputaron a 12 personas por comprar armas que ya no están en su poder sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal. Para ellos son hombres de paja o testaferros de armas. Advirtieron por ejemplo que uno de ellos, con un sueldo mensual de 600 mil pesos, compró en 15 meses 35 armas de fuego por 25 millones de pesos. Lo hizo repitiendo hasta cinco veces la compra de misma marca y modelo de arma. «Un usuario legal puede acumular armas porque es coleccionista. Pero legítimos usuarios veteranos refieren que ningún coleccionista compra tres modelos iguales y en un mismo día», señalaron los investigadores.
Esta pesquisa fue novedosa porque en general las investigaciones parten de un responsable de un delito. Acá fue al revés: se analizó un problema de coyuntura criminal, como es la proliferación de armas, y desde allí se construyó el caso penal. Se identificó el problema y se trabajó para obtener información. En este caso los fiscales de la Unidad de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, a partir de una hipótesis tomada de reiteraciones en el campo criminal, enfocaron la mira hacia personas que habían comprado repetidamente armas.
«Encontramos personas que han gastado este año más de diez millones de pesos en municiones, que tienen más de 20 armas registradas y cuando las vamos a buscar no tienen las armas ni las municiones», dijo el fiscal Avila. Una abrumadora mayoría de esas piezas son pistolas semiautómáticas de calibre 9 milímetros. En algunos casos esas armas rastreadas se utilizaron en delitos como homicidios, algo que corroboró el cotejo balístico en casos que hubo secuestros de armas, según se ventiló en las mismas audiencias.
Los fiscales se centraron en esos compradores legítimos compulsivos. El hecho de que casi siete de cada diez de las armas adquiridas hubieran salido de la armería Bordoni hizo que el segmento venidero de la investigación esté en ese comercio de la zona sur rosarina. Más cuando en el campo de los comerciantes del rubro y de la policía se sabe que el dueño es un ex comisario mayor que hizo la mayor parte de su carrera en el campo del control de armas.
Fue jefe del ex Registro Provincial de Armas (Repar) en Santa Fe y luego de la Armería Central de la Unidad Regional II de Rosario. Uno de sus últimos cargos fue jefe de Logística de la Policía de Rosario que tiene justamente atribuciones sobre el depósito policial de armas ubicado en la Jefatura rosarina.
La armería del «Tano» ya había llamado la atención en la Fiscalía de Rosario hace tres años. En mayo de 2021 los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la ciudad, en la que tenían participación policías locales. Solamente en una mañana se encontraron diez pistolas en un depósito del barrio Saladillo en el extremo sur rosarino. Dos armerías quedaron en la mira. Una era Bordoni.
En Bordoni un hombre que tenía el depósito de Saladillo había comprado, en un solo día de 2020, la increíble cantidad de 21 mil balas. Llevaba mayormente proyectiles para armas 9, 38 y 45 milímetros. Son los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones, los delitos más reiterados en Rosario hasta abril de este 2024.
Este hombre en 2020 tenía en su poder en ese momento 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Esa misma pregunta se hicieron ahora los fiscales que, reconocen, cuentan con las actuales autoridades de la ANMAC una actitud de mucho mayor rigor en el control.
Acá está más fuerte el ánimo de la política de persecución. Poner la mira en algo históricamente descuidado como es el control del suministro en una ciudad arreciaron las balaceras y donde se despacharon en los últimos años enormes cantidad de proyectiles y armas. Algo que se deduce de las palabras del fiscal Avila. ¿Cómo se explica que un hombre compre 35 armas por 35 millones de pesos en poco más de un año sin que salte ninguna alerta de la autoridad de fiscalización? Lo que muestra este caso fiscal es que en los últimos años un legítimo usuario podía adquirir la cantidad de pistolas y fusiles que deseaba solamente mostrando la credencial y pagándolas.
Con este tipo de investigaciones esto, para las autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA), puede insinuar un cambio de política. Porque además este caso demuestra que la seguridad no se reduce a un problema de presencia policial, control de delito callejero o de individuos marginales. Aquí aparece el campo legal construyendo el mercado negro de armas. Una armería habilitada que vende en forma indiscriminada, compradores registrados, una autoridad de aplicación durante mucho tiempo ausente. Este caso que recién empieza, queda remarcado, coloca el problema en el campo de la legalidad.
La investigación sobre la armería Bordoni se profundizará además porque saltaron otras evidencias de irregularidades. Los acusadores ponen el foco en la trama interna: en una misma unidad familiar un jerárquico policial retirado conocedor de la ciudad, la propietaria del comercio, el hijo como instructor que extiende certificados de aptitud para los aspirantes a legítimo usuario, el yerno como gestor ante la ANMAC. El problema sin embargo históricamente estuvo en la autoridad de aplicación: un usuario legítimo se presentaba a comprar hasta tres armas iguales o semejantes en un mismo día pero si podía hacerlo es porque el órgano fiscal emitía los certificados para validar la operación.
En los allanamientos a la armería del ex jefe policial, «una armería que vende mucho», se detectaron llamativas inconsistencias. La más alarmante es que personas no habilitadas como usuarios legítimos retiraban cajas de municiones por autorización de compradores registrados. Estos últimos, se sospecha, eran los verdaderos compradores y destinatarios de esos artículos. También se encontraron facturaciones con indicios de adulteraciones de Cuit o Cuil que suponen hechos de evasión fiscal.
En Rosario la legalidad está históricamente entreverada con la desviación de armas al mercado ilegal. En abril de 2022 dos fiscales del MPA cerraron el depósito de Balística de la Policía de Investigaciones (PDI) dependiente de la entonces Agencia de Investigación Criminal. «Lo que encontramos espanta. No había inventario ni control, no había resguardo», consignó entonces el fiscal Matías Edery. Debería haber allí 3.600 armas. Faltaban 2.000.
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Justamente en relación a un mercado de armas que produjo en la ciudad más de 2 mil muertes lo que faltan son investigaciones que asciendan en los niveles de responsabilidad jerárquica. En febrero de este mismo año cuatro policías del Comando Radioeléctrico quedaron presos por plantar tres pistolas para incriminar a una banda en un delito. Los peritajes a esas pistolas determinaron que habían sido utilizadas en balaceras intimidatorias ocurridas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 donde se dejaron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
Fue un hecho de extrema sensibilidad porque con esas acciones policiales, que según el fiscal Franco Carbone perjudicaban a un grupo criminal para desviar la atención de otros a los que se protegía, se construyeron narrativas de fuerte divulgación pública, en un momento en que el gobierno avanzaba con controles en las cárceles por delitos violentos. La pesquisa no escaló más allá de esos agentes aunque era conjeturable que la connivencia policial podía no limitarse a los detenidos.
La investigación de esta semana prueba algo recurrente y sabido: el mercado ilícito de armas en Rosario se nutre en gran parte de personas que comprar armas legítimamente y las derivan al delito. De otras fuentes que alimentan a ese gigantesco parque también al constancias. Algunas son armas recuperadas por la policía que deben estar resguardadas y vuelven al campo criminal como lo muestra el depósito de Balística.
También se dan procedimientos donde se detiene personas con armas y las armas desaparecen. Se da asimismo la importación de armas ilegales desde otros países vía contrabando. Finalmente otro punto problemático advertido en Rosario es el problema del control de la compra de municiones y las recargas de municiones clandestinas.
