Un nuevo capítulo se abre en la justicia chaqueña por la polémica ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Es que a las presentaciones de la organización ambientalista Conciencia Solidaria y del Parlamento de Pueblos Indígenas del Chaco ahora se suma una de la Defensoría del Pueblo del Chaco que pide a la justicia que declare inconstitucional la ley 4005-R, aprobada en abril pasado a instancias del gobernador Leandro Zdero.
A las dos presentaciones mencionadas, que son tramitadas ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, durante las últimas semanas se sumó una acción de amparo del defensor colectivo del Pueblo, Bernardo Voloj, ante la Cámara Contencioso Administrativa, en la que también solicitó el dictado de una medida cautelar para evitar el “daño irreversible” que podría significar el desmonte de las más de 400 mil hectáreas que habilitó la ley 4005-R en territorio chaqueño.
El defensor del Pueblo fundamentó su presentación judicial en la ley de creación del instituto del Defensor del Pueblo que le da legitimación de peticionar ante el Estado e interés de los habilitantes de la provincia. En el caso de la ley 4005-R, el interés de los habitantes comprende todo aquello vinculado a la defensa de los derechos constitucionales, individuales, colectivos y difusos.
Vale recordar, además, que se encuentra vigente una medida cautelar dictada por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que el 19 de agosto pasado suspendió por tres meses los desmontes en la provincia del Chaco. Fue en el marco de la causa penal conocida como “la Mafia del Desmonte” que es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en la que se encuentran imputados el actual ministro de Producción del gobierno de Leandro Zdero, Hernán Halavacs, y también exfuncionarios, legisladores provinciales y empresarios forestales.
Ley regresiva y daño irreversible
Para la Defensoría del Pueblo, hubo un “accionar arbitrario” de la Legislatura de la Provincia del Chaco al sancionar la Ley 4005-R, que aprobó la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. En ese sentido, advirtió que esta actualización implicó la “recategorización regresiva” de aproximadamente 420.000 hectáreas de bosques nativos, “degradando su categoría de conservación sin respetar el principio de progresividad y no regresión, ni garantizar un adecuado proceso participativo”.
Al respecto, detalla que la ley permite la reclasificación de áreas de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo), y áreas de Categoría II (amarillo) a Categoría III (verde), “lo cual incrementa significativamente la vulnerabilidad de estos bosques a actividades de desmonte y explotación, poniendo en riesgo la integridad ecológica de la región y los derechos ambientales de sus habitantes”.
En ese contexto, la presentación señala que la ley de OTBN constituye “una política diametralmente opuesta a los objetivos perseguidos por nuestra ley de presupuestos mínimos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y por el Acuerdo de París (Ley 27.270)”.
