Hay todo un debate en la Argentina desde hace mucho tiempo, que ahora se ha agravado, por la designación o la postulación de dos candidatos a jueces de la Corte, un debate sobre la calidad de la Justicia. Y, muchas veces, parece que fuera una discusión absolutamente alejada de la vida cotidiana, de la sociedad, de la gente, alejada de los intereses concretos de todos nosotros.
Dos por tres, aparecen casos donde esa presunción se desmiente y donde queda en evidencia la importancia que tiene para un país, para su vida cotidiana, para el bienestar de su gente, para el desarrollo de la economía, tener una Justicia transparente, una Justicia no arbitraria, una Justicia decente.
¿Cuál es este caso? Es el caso de una empresa de autopistas, una compañía internacional muy importante en Europa, Abertis, que tiene capitales españoles e italianas, que administraba autopistas en la Argentina. El diputado Rodolfo Tailhade, ultrakirchnerista, inicia una causa judicial contra funcionarios de Mauricio Macri. Los acusa de haber mezclado los intereses de la familia Macri, que tenía una participación minoritaria en esta empresa, con la renegociación de peajes en la Argentina.
Se comienza esa denuncia que afecta a Nicolás Dujovne, en aquel momento ministro de Economía; Guillermo Dietrich, ministro de Transporte; Rodolfo Iguacel, que era el encargado de Obras Públicas; y Bernardo Saravia Frías, que oficiaba de abogado del Estado, el procurador del Tesoro. La causa está dormida. Se investiga, hasta que esta historia se cruza con otra: la historia de un juez muy desprestigiado, de pésima fama, Rodolfo Canicoba Corral.
Rodolfo Canicoba Corral tenía una causa en el Consejo de la Magistratura, y además estaba por cumplir 75 años, estaba por jubilarse. Él esperaba que el macrismo, para el que había prestado muchos servicios, sobre todo en los servicios de inteligencia, a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, le levantara esa causa, lo eximiera de la investigación del Consejo de la Magistratura, y lo volviera a postular como juez, para seguir ejerciendo más allá del límite de 75 años de edad.
Gracias a gestiones de Daniel Angelici, el binguero amigo de Macri, Canicoba logra zafar en el Consejo de la Magistratura, pero no le renuevan el mandato como juez, no lo vuelven a postular y él queda muy enojado. Y en venganza, arbitrariamente, procesa a estos cuatro funcionarios, a Dujovne, a Dietrich, a Saravia Frías y a Iguacel. Esa causa, una vez que Canicoba deja de ser juez, la toma un juez correcto y dice “acá no hay nada para investigar, esto es un disparate”.
¿Qué sucede ahora? Ahora hay un arbitraje en Washington, donde la empresa Abertis va contra el Estado argentino y pide US$276 millones de resarcimientos, porque sobre la base de estas denuncias, el irresponsable Alberto Fernández retrotrajo la concesión. Y entre los argumentos que usa Abertis, por los cuales el Tesoro argentino va a tener que pagar una suma que seguramente va a ser cercana a esos US$276 millones, está esta causa arbitraria del juez Canicoba Corral, que seguramente ni debe estar enterado de esta peripecia, y mirará esta historia desde alguna playa paradisíaca, disfrutando de un patrimonio que debe haber hecho seguramente en la actividad privada.
