Recientemente, se ha confirmado que la Fiscalía Federal, bajo la dirección del fiscal Patricio Sabadini, ha solicitado informes detallados a Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. Esta petición surge en el contexto de una investigación que busca esclarecer la posible existencia de irregularidades en trámites de adjudicación de tierras fiscales en las que podrían estar involucrados diversos actores, entre ellos la diputada nacional María Inés Quiroz y Exequiel Matías Rodríguez Huerta, así como la empresa Tapenagá S.A. (CUIT 30-61393960-4).
Los informes requeridos incluyen información crucial como la nomenclatura catastral y la geolocalización de las tierras en cuestión. Este proceso de indagación responde a serias acusaciones de presunto peculado, malversación de caudales públicos y lavado de activos, delitos que han generado un amplio interés en la opinión pública.
Además, fuentes fidedignas han revelado que la fiscalía no solo se ha centrado en la adjudicación de tierras, sino que también ha solicitado información sobre el establecimiento conocido como «Las Curiosas», situado entre las rutas nacionales 89 y 16. En este contexto, la Fiscalía requiere detalles sobre el titular del establecimiento, la cantidad de hectáreas que abarca y las actividades que allí se desarrollan, así como cualquier otra información pertinente relacionada con esta propiedad.
La transparencia en la gestión de tierras fiscales es fundamental para la confianza pública en las instituciones, y la investigación en curso busca esclarecer aquellos casos donde pudiera haber prácticas irregulares. La ciudadanía se muestra expectante ante el desarrollo de estos acontecimientos y la posibilidad de que se realicen las investigaciones pertinentes para garantizar que se actúe conforme a la ley.
Este tipo de indagaciones son esenciales para prevenir y sancionar las acciones ilícitas, así como para establecer un precedente que fomente la responsabilidad y la ética en la gestión pública. La Fiscalía Federal deberá determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de encontrar evidencia suficiente, tomar las acciones legales correspondientes para hacer justicia. La sociedad civil, mientras tanto, seguirá de cerca los avances de este caso, esperando que se haga luz sobre una situación que, de confirmarse, afectaría a amplios sectores de la comunidad.
