La pelea por la quita de los subsidios que rigen sobre el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires está muy lejos de terminar. En una presentación en la Cámara de Diputados, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que a partir de septiembre, se les quitarán los fondos nacionales a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y dejó al descubierto una disputa que no es nueva, pero que parece empezar a escalar.
En febrero, el Gobierno eliminó el Fondo Compensador del Interior -que había sido creado con el objetivo de subsidiar al transporte público del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional a empresas prestatarias del servicio para cubrir los costos de funcionamiento-, con lo que cerró una “canilla fiscal” que, a cifras de 2023, representaban unos $102.000 millones.
Ahora, la Nación dio un nuevo paso. Informó públicamente que desde el mes que viene dejará de aportar fondos a las 31 líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Los colectivos son el 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Esas frecuencias, en realidad, están subsidiadas de forma mixta: CABA aporta el 55% y el resto lo pone la Nación. Esa es la proporción que quiere dejar de financiar el Gobierno. Según las estimaciones de la secretaría de Transporte, representan unos $7000 millones por mes.
Pero además, el Estado nacional asegura que dejará de pagar los costos del programa Red SUBE -que aplica un descuento en el valor de la tarifa cuando se combina más de un transporte público en el lapso de dos horas-, con lo que estima que dejará de gastar $1500 millones de las líneas que circulan en CABA por ese programa y otros $6500 millones que se cortarán sobre las frecuencias bonaerenses.
En concreto, la Nación sostiene que solo se hará cargo de las subvenciones -tanto para subsidios como los costos de la Red SUBE- de 113 líneas que cruzan la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, que si son consideradas como de jurisdicción nacional. Son 103 colectivos que transitan por el AMBA y otros 10 del interior del país. Por mantener los subsidios en esas líneas, en Transporte estiman que se gastan unos $80.000 millones por mes.
La noticia de esta suerte de reorganización que impulsa la Nación no fue bien recibida en el gobierno porteño, donde insisten en que las líneas de colectivo dependen del gobierno nacional, que aún tiene la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, así como también la potestad de definir la estructura tarifaria.
Dicho de otro modo, la administración porteña aguarda a que se realice el traspaso formal de las 31 líneas para tomar una decisión sobre el esquema de costos -es decir, si se harán cargo de costear la parte del subsidio que aportaba Nación o habilitar un aumento de tarifas-, pero reclama que si esa medida se efectiviza, también debería estar acompañada con los fondos para subsidiar a esas frecuencias.
Por su lado, en la Secretaría de Transporte afirman que ya enviaron semanas atrás una carta a las autoridades porteñas para informarles sobre las intenciones de dejar de financiar las líneas. La decisión, además, contó con el visto bueno del Ministro de Economía, Luis Caputo.
Por estas horas, incluso, evalúan con las áreas legales los pasos administrativos para avanzar sobre ese traspaso, preparan una nueva misiva para las próximas horas y esperan por una respuesta por parte del gobierno porteño. En caso de que la gestión liderada por Jorge Macri no acepte quedarse con el control de las líneas de colectivo, en la Nación consideran que podrían oficializarlo por un decreto e, incluso, acudir a la Justicia.
