Por la oficina de Rosana Gambacorta pasan chicos desnutridos con unos pocos gramos de cocaína a los que les cuesta hablar castellano. Vienen de varias generaciones con todas las carencias en sus hombros. Ha visto tres generaciones llegar, una atrás de la otra. Recuerda a un chico que atendió tres veces, las tres veces con el mismo suéter.
Hace más de tres décadas que defiende a chicos y chicas con hambre y unos gramos de alguna sustancia fiscalizada. Cada año estos casos llegan con mayor frecuencia a su oficina del fuero federal de la justicia rosarina. Gambacorta entiende que meter gente presa no resuelve el problema. Lo agrava.
Muchos de sus asistidos apenas saben leer y escribir, no han desarrollado la lengua, llegan de barrios donde todos tienen las mismas características. Dicen pocas palabras como las escuchan, como las pueden retener y repetir. Pero ella los entiende, los acompaña. Detrás de ese lenguaje escaso hay una complejidad que Gambacorta dice descifrar sin estigmas. En esos diálogos aparecen dolores y desprecios colectivos, dice. La defensora les habla lo más sencillo posible porque le interesa que conozcan sus derechos ante un proceso penal.
Gambacorta, dice, es la abogada “de los nadies”. De quienes engrosan las estadísticas carcelarias que a casi nadie le importan. Ella es parte de la excepción. Es una de las defensoras oficiales históricas. Trabaja en los tribunales penales desde hace 36 años. Es la única defensora mujer en el fuero federal de Rosario. Fue defensora de Cámara. En 2024 comenzó a ser coordinadora de los defensores a nivel regional. Ya no entra a calabozos oscuros. Muy a su pesar. Ahora administra escasos recursos humanos. A diciembre de 2023, cada defensor público de la justicia federal rosarina tenía más de 2.000 causas. 10.000 causas para cinco equipos.
Un 70% de las personas detenidas por la Gendarmería Nacional en Rosario eran consumidores o vendedores con exiguas cantidades de cocaína o marihuana, según un pedido de informes de Carlos Del Frade, diputado provincial.
Son quienes engrosan las celdas del “narcotráfico”, pero poco tenían que ver con el negocio propiamente dicho. Lejos de conocer el paradero de los cargamentos de cocaína y marihuana que salen y entran por el río Paraná. Los detenidos a menudo no conocen mucho más allá de los límites de su propio barrio.
Los detenidos con unos pocos gramos o unos cuantos kilos de sustancias fiscalizadas, son considerados lacras: la sociedad no quiere un juicio justo para ellos. Y los defensores oficiales son cuestionados. Aún así, ser defensora oficial es exactamente lo que eligió hacer. Rechazó cada oportunidad que tuvo de irse de la defensoría pública, de su oficina llena de expedientes de presos pobres que a nadie le importan.
Gambacorta parece tener una sensibilidad especial con la situación de las mujeres privadas de libertad y sus particulares circunstancias. Dice que hace dos o tres décadas las mujeres implicadas en el tráfico de drogas eran el dos o tres por ciento. “Ahora estamos hablando del 40%”, sostiene.
“Cuando llegan acá si tienen tres pibes, con mucha suerte y viento a favor, a veces cobran una sola asignación. Por la desidia misma, porque no tienen la documentación de ese hijo, porque no tuvieron la plata para tomarse el colectivo para gestionar la asignación”, explica.
Dice que muchas tienen “un olor tremendo”, por no pueden bañarse ni lavar ropa. Son mujeres que viven en espacios reducidos sin puerta, sin ventana, rodeadas de hollín porque hacen fuego en el piso para calentarse. “¿Esas mujeres pueden ser empleadas domésticas sin saber usar quitamanchas? ¿Cómo van a planchar si nunca tuvieron una plancha? ¿Cómo usar un lavarropas si en su casa nunca tuvieron electricidad? ¿Cómo limpiar sin agua potable?”, se pregunta Gambacorta.
Una vez defendió a una mujer de 24 años que cuidaba a los hijos de una persona que comercializaba sustancias fiscalizadas cuando se realizó un allanamiento. Los siete kilos de marihuana fueron suficientes para imputarla por tráfico. Para la defensora oficial está claro que la comercialización de esas sustancias controladas no son negocio de la imputada, madre de una pequeña de cuatro años, que ni siquiera puede costear los honorarios de un abogado particular y, por eso, acude a la defensa pública.
En uno de los escritos, Gambacorta pide a los jueces que el caso sea analizado y resuelto con perspectiva de género para evitar un proceso de revictimización. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, alude a la Convención de Belém do Pará, señala las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia” y las “Reglas de Bangkok”, que invitan a considerar medidas alternativas a la prisión teniendo presente el historial de victimización.
Recuerda a una joven madre detenida. Su niña de cuatro años estuvo dos meses conviviendo con su abuela materna y luego con una joven de 19 años que la madre conoció en la cárcel. Más tarde la custodia pasó a la progenitora de aquella chica.
Durante ese trayecto la niña no tuvo controles médicos, ni concurrió a ningún establecimiento educativo. Quedó en una situación de absoluto desamparo, a cargo de extraños. Gambacorta pidió que la mujer detenida acceda a la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica para cuidar a su hija. El pedido fue denegado. Tristemente, el expediente y su desenlace no son la excepción, sino la regla.
El 20 de mayo de 2024, Dalma García, 19 años, y Julieta Gaitán de 22 fueron asesinadas a tiros en la zona sur de Rosario. Iban a bordo de una moto prestada que pertenecía a una amiga en común amenazada. Esta amiga les prestó la moto y casco para ir a un kiosco cercano. Durante el trayecto, dos asesinos las confundieron con la dueña de la moto. Sin mediar palabra, le cruzaron otro rodado y dispararon nueve veces contra ellas. Las dos murieron en el lugar antes del amanecer.
Gambacorta se siente triste. “Nada se soluciona, la sociedad retrocede. La gente, entre la desnutrición y la cabeza quemada por la porquería que consume, está cada vez peor. Y la única solución que el Estado propone es punitiva. Parece que todo se va a resolver a través del derecho penal, una pena y un tipo en ‘cana’. Y no es así. Yo he asistido a personas que se han enojado por conseguirles la libertad. ‘Doctora, yo me quería quedar acá: en la cárcel como dos veces por día’, me han dicho en más de una oportunidad”, se lamenta.
–¿Por qué hay tantas mujeres detenidas por tráfico de drogas?
–En una ciudad donde el 50% de la gente vive en situación de pobreza, hay mujeres que tienen cuatro o cinco chiquitos que, en el mejor de los casos, son de un solo papá que está detenido. O son de varios padres que no aportan nada económicamente. ¿Cómo se mantienen esas mujeres? No estoy justificando la comisión del delito.
–¿Qué tipos de vulnerabilidad suelen presentar sus defendidas?
–Todas. ¿Te hago un catálogo? Primero que normalmente son mujeres jóvenes con muy poca o escasa educación formal. Muchas vienen de tercera generación de desnutrición. Hace treinta años que estoy acá, y muchas veces me toca asistir a los hijos o a las nietas de personas que en su oportunidad he defendido. Esa gente no habla, emite sonidos guturales, no tiene el lenguaje de las personas que recibieron la oportunidad de educarse. Porque viven una realidad espantosa. Malnutrición, abuso y desamparo.
–¿Por qué en el último tiempo creció significativamente la cantidad de mujeres que caen en las redes de tráfico de alguna droga?
–Primero porque antes la mujer tenía menos participación en todo, incluso menos participación delictiva. Y, después, por la desintegración social. A una mujer que vive sola con varios chicos le hacen una propuesta del estilo “si vendés 30 bolsitas de cocaína, yo te voy a dar tanta guita”. Y resulta que, con esa plata, ella pudo comprar leche y pan para los pibes. Andá y decile que mañana no lo haga. Además una vez que entrás en eso, no te retirás así nomás. Las bandas criminales captan vendedores de droga al menudeo y les exigen que sigan vendiendo. Las represalias pueden incluir tiros contra la vivienda e hijos heridos o muertos. Quien acepta sabe que acepta una condena.
A veces ellas mismas pagan por su vida. Entre 2016 y 2021 las mujeres fueron víctimas, en promedio, del 10% de los homicidios en el departamento Rosario. En 2022 ese porcentaje se duplicó, fueron el 22,1% del total de casos.
–¿Los jueces tienen en cuenta sus planteos con perspectiva de género?
–Normalmente no lo logramos, aunque es obligatorio. Uno de los delitos que vemos con mayor frecuencia es el suministro a título gratuito de estupefacientes dentro de una unidad carcelaria. En el 99% es cometido por mujeres que le llevan la droga al marido, al hijo, al hermano, al amigo o al proveedor de guita que las meten en esta situación.
He planteado por años, aunque nadie me da bolilla, que se trata de mujeres cuya voluntad está disminuida porque son violentadas psicológicamente. No es que no comprendan lo que hacen, pero pueden recibir represalias si se niegan y prácticamente carecen de opción.
Además, son mujeres con nula posibilidad de empleo. Los jueces nos han escuchado solamente cuando hemos podido demostrar que esas mujeres habían hecho denuncias por violencia de género contra el preso al que le llevaban la droga.
–¿Hay alguna situación ejemplar que recuerde?
–Hay historias terribles. Escuché a una mujer decir que el padre la vendía por un cajón de cerveza. Y, consecuentemente, el marido que se buscó después le hacía ejercer la prostitución, igual que el padre. Estar cagadas de hambre y sin guita para comprar comida a los hijos las lleva a hacer cualquier cosa, como vender alguna droga al menudeo. Saben lo que hacen, pero casi no tienen opción. Es muy difícil conseguir trabajo para una persona que tiene preparación cero. Viven en lugares sin inodoro, sin agua. Cuando las atiendo en el calabozo expiden un olor tremendo porque no tienen dónde bañarse o lavar la ropa. Y no lo digo peyorativamente, todo lo contrario. Una vez nos pasó con una familia que nos turnábamos para salir a respirar. Yo tuve un chico que cayó preso varias veces en tres años, siempre con el mismo suéter. La gente vive en lugares con una sola habitación sin puerta, sin ventana y adentro todo lleno de hollín porque hacen fuego en el piso para dormir. ¿Cómo te imaginás que esas mujeres pueden ser empleadas domésticas y saber cómo se usa un quitamanchas? ¿Cómo vas a saber planchar si nunca en tu vida viste una plancha? ¿Cómo vas a saber usar un lavarropas automático si en tu casa nunca hubo electricidad? ¿Cómo vas a saber limpiar si nunca tuviste agua potable?
–¿Qué otros delitos vinculados al tráfico de drogas son cometidos por mujeres?
– A veces la pareja les pide que trasladen cuatro o cinco kilos de marihuana de su casa a otro sitio, y la policía las agarra en medio de esa operación. Hemos ganado un par de casos. Pero cuesta mucho todavía que se comprenda esa vulnerabilidad. Afortunadamente yo tengo una jefa mujer. En la Argentina, la defensora general de la Nación es Stella Maris Martínez, una persona muy aguerrida en el buen sentido. Y ella le ha dado una impronta con perspectiva de género a la defensoría oficial. Porque, insisto, somos el pariente pobre de la justicia.
– ¿Por qué?
–¿A quién escuchaste que quiera a un defensor? En la sociedad quieren meter a todo el mundo en cana. Piden más jueces y fiscales, pero no más defensores. A nosotros no nos quiere nadie. Y somos una parte esencial de los procesos. Aquí en Rosario llevamos adelante casi el 87% de los casos de narcotráfico.
La gente dice “estamos como estamos porque ustedes son sacapresos”. Nosotros no somos “sacapresos”. Defendemos personas, no delincuentes. Defendemos un Estado de derecho, es decir, que la persona pase por un proceso penal y reciba un juicio justo. Con todos los derechos y garantías que vos, como mamá de Juancito, vas a pretender que tenga si algún día le pasa algo. Pero hasta que no te toque a vos, querés que todos los demás vayan en cana. Y si puede ser a Rawson, mejor. Y si puede ser en otro país, mejor. Y si los quemamos en una hoguera, mejor.
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Gambacorta hace lo mismo con estos chicos como con los terroristas. Fue la defensora designada del dictador Jorge Rafael Videla. “Le dimos a Videla la oportunidad que él no le dio a miles: ser juzgado en un Estado de derecho, con todas las garantías democráticas”, afirma y cambia de tema.
–¿Por qué el trabajo recae en los defensores oficiales si el narcotráfico remite a un negocio multimillonario?
–Si yo te contara cómo se mueren de hambre… A veces traen a un detenido tres o cuatro policías disfrazados de rambo. Y, si lo bañás, es un chico que pesa 40 kilos como mucho. ¿Qué necesidad hay de que vengan cuatro ursos así?
–De la cantidad de personas que defienden, ¿cuántos tienen un consumo problemático de drogas?
–Hay una figura que no existe legalmente, nosotros llamamos “trafiadicto”. Que es un chico que se para en una esquina a vender diez bolsitas para procurarse su propio consumo. Entonces, cuando vos decís narcotráfico, pensás en cantidades astronómicas de plata, pero no a estos chicos los defendemos nosotros. Ese dinero claramente está yendo a otro lugar. Hubo días en los que tenía quince indagatorias, y eran todas por tres o cinco gramos de cocaína o marihuana.
–¿Cree que hay algún delito de drogas que no debería ser penalizado?
–El consumo de sustancias. Porque se mide desde el punto de vista penal y no se tiene en cuenta que es un tema de salud. Con esta mirada, nunca se va a solucionar.
*Evelyn Arach elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La entrevista forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.
