Los gobernadores patagónicos firmaron este jueves un documento de relanzamiento regional, con una advertencia al Gobierno nacional, que los convocó a una reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la previa del Pacto de Mayo: “Estamos dispuestos a acuerdos, en la medida que no vengan impuestos ni precedidos de condicionamientos”, afirmaron.
El texto forma parte de la Declaración de Puerto Madryn, a la que adhirieron los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Chubut, Ignacio Torres; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Torres fue designado como presidente del Tratado de la Patagonia por el plazo de un año.
“Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos. Debe comprenderse la importancia de alcanzar consensos institucionales entre Estados preexistentes -como lo son las provincias- y una Nación formada por voluntad y elección de las provincias que la componen. Reafirmamos ese compromiso, como así también el de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos”, plantearon en el duro documento.
Los mandatarios patagónicos acordaron un plan de desarrollo productivo conjunto, con eje en la defensa de la explotación de sus recursos naturales, la definición de su propia política tributaria y el ejercicio en plenitud de su autonomía energética.
“El ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo; la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda. Si la decisión política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades”.
Finalizada la firma del acuerdo, los gobernadores se reunieron con legisladores nacionales de la región y los mandatarios provinciales ratificaron que rechazarán la reversión en la quita del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
Qué plantearon los gobernadores patagónicos
El planteo de los gobernadores patagónicos, se centra en los ingresos que generan para las arcas nacionales contra los recursos que reciben. “La Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas; el 87% de petróleo; el 71% de la energía eólica; el 27% de la energía de hidroeléctricas. Concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos de ese recurso. Cuenta con los principales destinos turísticos del país; exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales”, precisaron.
Además, indicaron que “la región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde”. “El ajuste fiscal por sí solo no garantiza desarrollo, La producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos. Si la determinación política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades y a tono con el mandato constitucional que establece que toda transferencia de competencias, servicios o funciones debe venir acompañada de los correspondientes recursos”, agregaron.
En ese contexto, resolvieron “llevar adelante un Plan Regional de Desarrollo Productivo, gestado desde los propios Estados, definiendo de este modo el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales; convocando a la inversión del sector privado; concertando los acuerdos internacionales que autoriza el art. 124 de la Constitución; definiendo su política tributaria de fomento de la inversión y el empleo; ejerciendo en plenitud su autonomía energética -en particular la de fuente hídrica como así también las renovables y las vinculadas a la transición energética- y la realización de las obras de infraestructura necesarias para esos fines”.
Qué dijeron los gobernadores durante la firma del acuerdo
Torres aseguró que la firma del acuerdo plantea la organización regional, que tiene “como el único objetivo de ayudar a la Nación a salir adelante” y “mostrar que hay una Argentina productiva más allá de la General Paz”.
En ese marco, dijo que el foro de legisladores nacionales de la Patagonia tendrá una “agenda común para llevar al Congreso de la Nación”. “No es una cuestión liberal, del PRO, peronista, radical, es una discusión de refundar los valores de un país federal. Ninguno de nosotros pide nada más ni menos que lo que establece la Constitución. Es mucho más profunda que una discusión de recursos” precisó.
Ziliotto explicó que la coparticipación de 1998 establecía una distribución del 58% para las provincias y el 42% de la nación, pero que a partir de las recurrentes crisis económicas, “siempre hubo un nuevo pacto fiscal, en el cual las provincias, a las que se las quiere tildar de Estados inviables, fueron aportando y fue decayendo la masa coparticipable o se ha invertido esa relación, cuando las provincias siguen tomando cada vez más responsabilidades.
“Tenemos que romper esas asimetrías de responsabilidades, por eso queremos ir a discutir un nuevo esquema de coparticipación. Es necesario fortalecer el federalismo fiscal”, remarcó.
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En línea similar se había expresado poco antes Torres, que había planteado que “la voracidad recaudatoria de los últimos gobiernos abrazó la masa coparticipable, poniendo en riesgo la seguridad, la educación, la salud”. “Además del federalismo fiscal hay que corregir asimetrías y para eso hay que conocer el mal llamado interior”, agregó.
Por su parte, Weretilneck destacó la diversidad política a la que pertenecen los gobernadores patagónicos y aseguró que fue unánime, contundente, dura la respuesta de toda la Patagonia ante el agravio que sufrió por parte del Gobierno nacional no solo el gobernador de Chubut sino todos los chubutenses”.
“Esta época nos encuentra a todos los gobernadores patagónicos y a todo los patagónicos en una instancia distinta. Tenemos identidad de región. No tenemos ánimo separatista ni de confrontación, pero la Nación tiene que entender que no hay Argentina sin Patagonia”, dijo.
Además, puntualizó cuatro puntos que echan por tierra la idea de que las provincias son las responsables de la crisis argentina, según dijo. “No me gustan las estafas mediáticas. Se nos quiere hacer responsables a las provincias de cosas que no somos. Se nos acusa de ser despilfarradores, de los males del país, pero de los US$411.000 millones que debe la Argentina, el 85% fue contraído por el Gobierno central y solamente el 5,2% por las provincias. No somos responsables de la deuda pública argentina”, comenzó.
Luego mencionó que “el gobierno central viene con un déficit del 2,9 del PBI en los últimos años”, mientras que en 2023, las provincias tuvieron “0,6% de superávit”. Y en cuanto al gasto publico vs PBI, dijo que el Estado nacional representa “22% del gasto, las provincias 19% y los municipios el 8%”.
“No generamos la deuda, no generamos el déficit, garantizamos todos los servicios y no emitimos moneda”, finalizó.
En tanto, Vidal destacó que “por primera vez la Patagonia se une en defensa de su pueblo” y aclaró que no están en contra de la gestión de Javier Milei: “Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien”, aseguró, pero advirtió que “fortalecer la Patagonia es una gran herramienta para el Gobierno nacional y ojalá lo entienda”.
No obstante, alertó que “es difícil trabajar en conjunto con un gobierno que maltrata a los gobernadores y a los pueblos de las provincias” y reclamó “diálogo con respeto para construir en beneficio de todos los argentinos”.
Por su parte, Melella anticipó que la próxima reunión de gobernadores será el 1 y 2 de abril en Río Grande y Ushuaia “en la tierra de Malvinas, en una fecha muy sentida para todos”. “Somos gente de respeto que nos gusta que nos respeten. Es cierto que había que reordenar cuestiones económicas y fiscales, pero ese reordenamiento se tiene que hacer con humanidad”, dijo.
“Para desarrollar todo nuestro potencial como región, tenemos que brindar seguridad jurídica y sustentabilidad social a los proyectos económicos para que sean sostenibles en el tiempo, poniendo siempre por delante el bienestar de nuestra gente”, señaló Figueroa.
