La reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes, al ratificar la condena de tres años de prisión a Oscar Antonio Candussi, un productor agropecuario, por el delito de homicidio culposo, ha suscitado una serie de reflexiones sobre la responsabilidad legal en el uso de pesticidas y la protección de la vida humana, especialmente la de los más vulnerables.
El caso de la muerte de José Carlos “Kily” Rivero, un niño de apenas cuatro años, expone una problemática de gran relevancia social y ética. La condena no solo se centra en el aspecto penal, sino que pone de relieve las implicaciones de la agricultura intensiva, donde el uso indebido de agroquímicos puede resultar en tragedias devastadoras. En este sentido, la muerte del menor no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto donde la seguridad agroalimentaria y la salud pública son materias de creciente preocupación.
La decisión del STJ de confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Goya se sostiene en la premisa de que los productores agropecuarios tienen la responsabilidad de garantizar no solo la calidad de sus productos, sino también la seguridad de las comunidades que habitan en sus cercanías. La inobservancia de protocolos de seguridad en la aplicación de pesticidas, como se alegó en este caso, no puede ser minimizada, dado que la vida humana debe estar por encima de cualquier interés económico. Este principio se reafirma en la ley argentina, que establece regulaciones estrictas en relación al uso de químicos en la agricultura, buscando así prevenir situaciones como la que condujo a esta condena.
A esta condena se le otorga un significado adicional en un momento en que el debate sobre prácticas agrícolas sostenibles se hace más apremiante. La comunidad internacional, así como numerosos estudios científicos, hacen hincapié en la necesidad de adoptar métodos de producción que no solo sean eficientes en términos de rendimiento, sino que además respeten y protejan el medio ambiente y la salud de las personas. En este contexto, el caso de Candussi podría ser visto como un precedente que aliente a una revisión crítica de las prácticas en el sector agropecuario, promoviendo un cambio hacia enfoques más responsables y éticos.
Es fundamental que la sociedad en su conjunto se sensibilice respecto a la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice la seguridad tanto de los trabajadores del campo como de las comunidades colindantes. La educación y la formación en el uso adecuado de agroquímicos deben ser parte de un esfuerzo colectivo que involucre a productores, autoridades y la ciudadanía. Asimismo, los gobiernos deben garantizar la implementación y el cumplimiento de las normativas que regulan el uso de pesticidas, asegurando que este tipo de tragedias no se repita.
En conclusión, la confirmación de la condena a Oscar Antonio Candussi por el homicidio culposo de un niño a causa de la intoxicación con pesticidas resalta la grave responsabilidad que recae sobre los productores agropecuarios. Este caso no solo demanda justicia para la víctima y su familia, sino que también invita a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en las prácticas agrícolas y la necesidad urgente de buscar un equilibrio entre producción y salud. La protección de la vida debe ser una prioridad inquebrantable, y es responsabilidad de todos trabajar hacia un futuro en el que tragedias como esta no tengan lugar.
