Para la Cámara del Crimen de Charata, los agentes policiales hicieron “uso legítimo de la fuerza” para detener a Leandro Bravo el 26 de febrero de 2022 porque la víctima “molestaba a los vecinos”. De manera insólita, el tribunal criminalizó a la víctima por su estado de salud e hizo la vista gorda ante el desmesurado accionar policial. El Comité contra la Tortura anticipó que apelará la sentencia. “Aquí reina la impunidad”, denunció el abogado, Roberto Sotelo.
En lo que representa un guiño más a la violencia policial en el Chaco, la Cámara en lo Criminal de Charata resolvió hoy absolver a los cuatro agentes policiales imputados por la muerte en custodia de Leandro Bravo, ocurrida el 26 de febrero de 2022 en esa localidad del noroeste chaqueño.
Para absolver a todos los imputados, los camaristas dieron por válida la versión policial de que la víctima “molestaba a los vecinos” y que por eso hicieron un “uso legítimo de la fuerza” para detenerlo y que fueron sus condiciones precarias de salud las que le provocaron la muerte, legitimando el accionar policial durante todo el procedimiento.
En la sentencia que dieron a conocer este martes, los jueces de la Cámara en lo Criminal de Charata, Juan Carlos Clauter, Andrea Sánchez y Lorena Cimbaro Canella, absolvieron al oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, por los delitos de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica; al cabo Franco Sosa y al agente Carlos Díaz por el delito de tortura seguida de muerte; y a Enzo Gómez como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte.
El tribunal decidió dar entidad a las pruebas que fortalecían la postura de las defensas y poniendo en duda todos los testimonios que rompían el relato policial, principalmente los de Romina Aguirre y Beti Scalone. El colmo fue cuando afirmaron que la testigo Scalone fue “presionada” por la familia de Bravo para denunciar que fue obligada por el imputado Fleitas Noguera a denunciar que la víctima había intentado ingresar a su casa, lo que luego se utilizó para justificar el operativo policial. También valoraron de manera parcial los informes médicos y de los forenses siempre dando preeminencia a los que iban en sintonía con la versión oficial y además avalaron la fuertemente cuestionada intervención del primer fiscal de la causa, Hugo Baigorrí.
Vale recordar que, durante los alegatos, las querellas habían solicitado que todos los imputados sean condenados a prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte, mientras que insólitamente la fiscal Silvana Rinaldis pidió la absolución. Las defensas, por su parte, habían pedido las absoluciones de todos los acusados.
Sotelo: “Aquí reina la impunidad”
“Hoy ha quedado evidenciado, a través de la sentencia de la Cámara Criminal de Charata, que aquí reina la impunidad”, aseguró el abogado por la querella del Comité para la Prevención de la Tortura, Roberto Sotelo, en declaraciones a FM Nueva Era de Charata.
En ese contexto, señaló: “qué podemos esperar de una Cámara Criminal que no tiene perspectiva en derechos humanos, que claramente ataca y afecta la dignidad de una persona que no puede defenderse, que no está presente porque fue muerta a manos de personal policial”.
“Recordemos que esto se trata de una muerte en custodia y que esa muerte se produjo como consecuencia de los graves sufrimientos físicos y psíquicos a los cuales Leandro Bravo fue sometido”, subrayó el abogado querellante.
Al respecto, advirtió que “este fallo, además de ser polémico, es discriminatorio, porque claramente en todo momento se intentó o se deja sentado la situación de salud de Leandro Bravo, lo cual no guarda ningún tipo de relación con lo vertido en la sala de audiencia, con lo establecido, examinado, con los informes médicos de diferentes profesionales, incluso con el dictamen ofrecido e incorporado en el expediente por los médicos del Instituto Médico Forense”.
Para Sotelo, la sentencia del tribunal “hace una valoración totalmente distinta al hecho requerido a juicio, es especulativo porque supone situaciones que no fueron traídas a juicio, como por ejemplo esta situación de que Leandro Bravo estaba molestando a los vecinos, eso no surgió en ningún tipo de testimonio producido en la sala de juicio”.
“No analizaron el contenido de las testimoniales ni los informes médicos, por lo tanto obviamente la causa de la muerte de Leandro Bravo para la querella claramente ha sido producida a raíz de la intervención policial. Leandro Bravo no murió de una enfermedad, no murió justamente por una situación común, murió a mano de la policía y esto hay que decirlo”, advirtió el abogado del Comité para la Prevención de la Tortura.
Florencia Sánchez: “Dijeron que Beti llamó a la policía: eso es totalmente falso”
Por su parte, Florencia Sánchez, hermana de Bravo, manifestó que se encontraba con “muchísimo dolor y muchísima impotencia”. En ese sentido, advirtió que “lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para la justicia ni para ese tribunal que se dedicó a hacer un recorte totalmente parcializado de lo que fueron todas las pruebas que constaban dentro de la causa”.
“La ciudadanía no tiene la posibilidad, ni ustedes los medios tuvieron la posibilidad de estar o de poder grabar lo que ocurrió dentro de estas audiencias, cómo fueron las testimoniales. Las filmaciones de las audiencias deberían poder ser públicas para que la gente pueda saber lo que ocurrió, porque como dijeron hoy que Beti, una vecina que se acercó amablemente a contarnos a nosotras, a la familia, que Leandro le fue a pedir ayuda y que ella salió a socorrerlo, le ofreció agua, que ella era amiga de Leandro”, sostuvo.
“Hoy dijeron que Beti le tenía miedo y que Beti llamó a la policía: eso es totalmente falso, eso no es real”, denunció.
“Y es dicho por la propia testigo, no lo decimos nosotros. Es más, el tribunal se dedicó a decir que la familia de Leandro Bravo posiblemente haya persuadido a la testigo para que diga o revierta la primer denuncia que hizo cuando la misma testigo declaró que la policía la fue a buscar para que realice una denuncia que ella no tenía que realizar porque ella no estaba denunciando a Leandro, y ella misma dijo, tengo miedo, tenía miedo, por eso firmé esa denuncia, esa denuncia que fue redactada por el oficial Fleitas. Ella nunca denunció lo que está en esa denuncia”, recalcó.
Con respecto al énfasis que pusieron los jueces en la condición previa de su hermano, Sánchez sostuvo que “todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático” y destacó que su familia lo acompañó durante muchos años como pudo. Sin embargo, denunció que “hay todo un sistema de salud que no está preparado para acompañar y proteger a los pibes que están en situación de consumo”.
“Que quieran contar una historia que no es que Leandro estaba en situación de calle, que estaba abandonado, que estaba solo, que su familia no lo quería, eso no es real. El día del asesinato, Leandro llamó a todas sus hermanas, habló con sus hermanas, días previos nos pidió ayuda. Tenía miedo, dijo que la política lo estaba siguiendo, eso es real”, reveló.
Florencia Sánchez aseguró que “particularmente, yo no esperaba nada de esta justicia. Yo no espero nada de la justicia dentro de estos tribunales, porque sabemos que a la policía no se la va a juzgar. Nadie se va a atrever a señalar el comportamiento agresivo y atroz que tiene la policía. Entonces, realmente yo no esperaba nada. Lo que demostraron es una muestra más de lo que son y de cómo la justicia es un engranaje perfecto para mantener la impunidad”.
También cuestionó que el tribunal haya hecho referencia a un hecho de 2017 que tuvo como víctima a Leandro y que lo hayan considerado como una “riña callejera” cuando la familia cuenta con videos que demostrarían que fue golpeado brutalmente por la policía.
