En medio de las acusaciones del gobierno contra las universidades, el auditor Alejandro Nieva apuntó a la hermana del Presidente.
El diputado Miguel Ángel Pichetto citó a los cuatro miembros en funciones de la Auditoría General de la Nación a la reunión de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas y los auditores terminaron marcándole fuertemente la cancha al gobierno.
El presidente del cuerpo, Juan Manuel Olmos, y sus colegas Alejandro Mario Nieva, Francisco Fernández y María Graciela De la Rosa, llegaron hasta el Senado para enviarle un crudo mensaje a la Casa Rosada en medio de la tensión entre los libertarios y las universidades públicas que reclaman aumento presupuestario: el plan del organismo de control será auditar a la Secretaría de Políticas Universitarias en 2025, además de las facultades de la UBA.
El ex vicejefe de gabinete durante el gobierno del Frente de Todos, que presentó la hoja de ruta ante los legisladores miembros de la Bicameral, mostró su predisposición a «constituir un equipo urgentemente para poder dar respuesta en los plazos más perentorios posibles» a las demandas de revisión y control en general y las universidades en particular. Ese compromiso surgió tras la intervención del líder de la bancada Encuentro Federal y titular de la Bicameral, que reconoció que «la voluntad de todos es auditar la UBA» pero advirtió que «la propuesta no es ir a buscar si alguien se robó una partida, es ver cómo están las universidades», y agregó que el objetivo sería lograr «una auditoría integral».
Fue en ese contexto que Olmos anunció que el plan de la AGN es auditar en 2025 la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el propósito de indagar sobre la eventual «discrecionalidad y cómo se están asignando los recursos a las universidades».
Nieva, por su parte, fue más a fondo. Después de considerar que «no se puede auditar a todo el Estado todo el tiempo, como no se puede auditar a las 62 universidades todo el tiempo, porque deberíamos tener una auditoría que sea un Estado paralelo», argumentó que «la metodología es un sistema de muestreo», y apuntó contra Karina Milei: «Hace mucho tiempo que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual no significa que no tengan auditoría interna», expresó.
Los únicos aliados del gobierno en la comisión eran el salteño Juan Carlos Romero y la radical Soledad Carrizo, como así también el libertario Julio Moreno Ovalle. Tras la exposición inicial de Olmos, Romero reclamó a la AGN «una reparación por el tiempo transcurrido», reprochando la demora en los informes en el caso puntual de la UBA, aunque también cuestionó la postergación de la designación de auditores por parte de la Cámara de Diputados, algo que se le imputa a Martín Menem por la falta de muñeca política para lograr un acuerdo con los bloques opositores.
Antes que Romero, el propio Olmos había admitido que «el factor tiempo de los informes es algo que siempre es para revisar». «Es algo que necesita que le demos un acertado diagnóstico para poder encontrar una solución a los informes que muchas veces la atemporalidad los convierte en antropología institucional», graficó.
Sobre la querella contra las universidades, el presidente de la AGN adelantó que se prevén auditorías sobre 12 universidades nacionales y reconoció que esa voluntad obedece a un entendimiento entre los miembros de la Bicameral y los auditores, además del pedido del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
