Uno de los abogados de confianza del exministro fue designado apoderado del radicalismo de Córdoba: está imputado en la causa del Correo.
Uno de los abogados cuya terminal es Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, exfuncionario en Defensa y Comunicaciones durante la gestión del suegro de Rodrigo de Loredo y socio de Juan Manuel Galli, designado por Karina Milei como subsecretario Legal en la Secretaría General, fue designado por la Unión Cívica Radical de Córdoba como su apoderado, es decir quien tendrá la firma del partido ante la Justicia Electoral.
Es una señal más de la intención de un sector importante del radicalismo de confluir con La Libertad Avanza, pese al destrato al cual Javier Milei somete sistemáticamente al centenario partido, aunque en Córdoba buscan una interpretación sui generis: los insultos son para Martín Lousteau, no para los radicales cordobeses encabezados por De Loredo.
Como parte fundamental de la estructura de Aguad, Mocoroa fue funcionario macrista junto con el caudillo radical: lo acompañó como director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, entre febrero y julio de 2016; y luego pasó a Defensa, donde fue subsecretario de Articulación Institucional.
Por su paso en Comunicaciones, Mocoroa es uno de los imputados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los funcionarios públicos en la causa Correo. Los otros dos investigados son Mauricio Macri y el propio Aguad. La causa está en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal acusador fue Juan Zoni, quien sostiene que el acuerdo firmado por el Gobierno de Macri y el Correo en el marco del concurso de la empresa del Grupo Socma fue «perjudicial» para el Estado.
En la acusación, el fiscal dice que «corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del concurso preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio», dice al referirse a Mocora.
En la acusación, el fiscal sostiene que Mocoroa fue el autor de la contraoferta que le hizo el Estado al Grupo Macri, y que habría resultado beneficiosa para la empresa y perjudicial para el fisco. Además, según el fiscal, el flamante apoderado de la UCR Córdoba actuó en representación del Estado durante el Gobierno de Macri pero sin tener el decreto correspondiente para ser funcionario.
En paralelo a lo político, Mocoroa y Galli, el funcionario de Karina, son socios en el estudio jurídico MAG, con sedes en Córdoba Capital y Río Tercero. El estudio actuó como consultor del programa de conectividad de barrios populares, contratado a través del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, una multimillonaria caja conformada por el 1% del dinero que los usuarios le pagan a las empresas de telecomunicaciones por servicios de conectividad. De acuerdo con el periodista especializado José Crettaz, MAG se llevó el 17% de los recursos de consultoría destinados a poner en marcha la conectividad popular.
No hace falta repasar el posicionamiento de Macri, terminal de Aguad, respecto de Milei. En cambio, sí vale apuntar algunas declaraciones de Alejandra Ferrera, la deloredista que lidera el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial: ella sostiene que la coalición debe ampliarse y en esa discusión no puede cerrarle las puertas a La Libertad Avanza. Es la opinión del deloredismo puertas adentro de la UCR.
«No tengo problemas en acordar (con La Libertad Avanza) con los límites que ha puesto el radicalismo», dijo Ferrero. En ese marco, aclaró que «los exabruptos (de Milei respecto de Alfonsín) no tienen nada que ver con la estrategia electoral, eso lo definirá el Congreso Provincial de la UCR», dice la legisladora.
