Luciano Olivares es uno de los pocos funcionarios que sobrevivió a los gobiernos de Jorge Capitanich y Domingo Peppo y que logró reciclarse en la gestión radical. El exsubsecretario de Desarrollo Forestal ahora es asesor del ministro de Producción, Hernán Halavacs, un viejo conocido a quien le otorgó una enorme cantidad de autorizaciones para desmontes en los últimos años, en los tiempos en que Halavacs gestionaba permisos para deforestar, a pedido de empresas, desde su consultora “Hiula”. Quien piense mal diría que es una forma de pagar favores del pasado. Quien piense bien dirá, por el contrario, que la experiencia de Olivares sobre la cuestión ambiental fue reconocida, más allá de la cuestión partidaria.
Entre los mal pensados se encuentra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA). Esta asociación, que tiene como cara visible al abogado, Enrique Viale, incluyó a Olivares en la denuncia que presentó el 3 de julio pasado ante la Fiscalía Federal de Resistencia en donde solicitaron a la Justicia que “investigue y desarticule” a la “Mafia del Desmonte de Chaco”, un complejo entramado que involucra a funcionarios y empresarios que conformarían “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.
Además de Olivares, la denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina incluye al actual ministro de Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs; al exdirector de Bosques del Chaco de la gestión Capitanich, Miguel Angel López; a los poderosos empresarios madereros de Los Frentones, Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk, y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk –al que señalan como principal transportista forestal de la provincia-, y Juan José Bergia –con amplia influencia en la explotación de la reserva indígena de la Asociación Meguesoxochi-.
La presentación se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco. Según aseguran desde esa organización, la normativa permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”. Denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”, conformada por funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.
“Olivares es el saliente Subsecretario de Desarrollo Forestal, que ocupó ese rol durante tres gestiones de gobierno y era quien le otorgaba permisos de desmonte a su actual jefe Halavacs a quien acompaña ahora en la gestión pública como asesor Legal de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal Recursos Naturales del ministerio que hoy conduce Halavacs junto a quien impulsó el ilegal proyecto del nuevo OTBN”, denunció la AAdAA.
“Directa y activa”
La asociación indicó que Olivares tuvo intervención “directa y activa” en la elaboración del OTBN, organizando audiencias públicas cuya nulidad fuera expresamente demandada por la Defensoría Oficial del Poder Judicial en representación del Parlamento Indígena de la Provincia por no respetar la Consulta Previa Libre e Informada ni el Convenio 169 de la OIT, siendo desarrolladas en lugares extremadamente parciales como la sede de la Asociación Empresaria Forestal de Juan José Castelli.
Afirmó también que participó de la maniobra que incorporó “datos falsos” en la nueva categorización de los bosques nativos de la Provincia del Chaco, agregando zonas de bosques Categoría I (rojo) donde no existe tal formación por un lado, y por otro quitando el estatus de Categoría II, bajando a Categoría III extensas zonas que debían por mandato legal, y por condición de conservación, mantenerse dentro de la Categoría II.
“La maniobra alcanzó a sumar como superficie roja a los Parques Nacionales cuando la Autoridad Nacional de Aplicación comunicó expresamente a la provincia que no correspondía su inclusión en el OTBN por no pertenecer la competencia de su fiscalización a la jurisdicción provincial”, indicó la asociación. Los tres parques nacionales de la provincia, según se indicó en la denuncia, fueron incluidos para dar una impresión de sumar mayor superficie protegida bajo categoría roja.
El nuevo OTBN impulsado, entre otros, por Olivares representa la mayor regresión y pérdida de categoría de conservación de bosques nativos de la historia de la Ley Nacional 26.331, con alrededor de 420.000 hectáreas de bosque nativo que pierden su categoría de conservación.
La gestión de Olivares dio continuidad a la “ilegalidad de la gestión de Miguel López” respecto a las recategorizaciones prediales que permitieron transformar grandes superficies de zonas amarillas en zonas verdes, aptas para desmontes.
Dichas recategorizaciones comenzaron en 2012 y su mayoría ocurrió en 2013 pero entonces llegaron a los medios de comunicación y muchos de los desmontes no se ejecutaron. “Es en la gestión de Luciano Olivares que se otorgan y ejecutan varios permisos de desmonte en áreas que, según el OTBN, no eran aptas para tal fin. En 2018 la noticia llega nuevamente a los medios de información con nuevas denuncias del Centro Mandela, Greenpeace y otras organizaciones”, recordó la AAdAA.
El Centro de Estudios Nelson Mandela realizó el listado completo de las disposiciones firmadas por Olivares, cuando aún era subsecretario de Recursos Naturales Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”, frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutarán los desmontes.
La asociación de abogados fue clara al considerar que la Dirección de Bosques del Chaco “trabaja como una maquinaria que tiene el reprochable propósito de emitir permisos y asegurar negocios personales, a costa de violentar la misma Ley de Bosques”.
Para los denunciantes, una de las razones no dichas de la sanción del nuevo OTBN es burlar la decisión judicial que paralizó los desmontes, resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en noviembre de 2020, hasta que se actualice la Ley de Bosques. “Es decir tratar de legalizar la ilegal acción de la destrucción del patrimonio natural que constituyen esas zonas protegidas”, señalaron.
“En definitiva, la decisión ambientalmente regresiva, socialmente ilegítima y jurídicamente ilegal de habilitar desmontes sobre cientos de miles de hectáreas en el Impenetrable Chaqueño está generando una nueva ola de acaparamiento de tierras fiscales y privadas por parte de privados que se enriquecen notablemente. La posibilidad que otorga de desmontar en suelos vírgenes aumenta el valor de la tierra y con ello genera una fiebre de robo de tierras públicas y especulación inmobiliaria”, afirmaron.
Engranaje
Para los abogados ambientalistas, Olivares es un “engranaje fundamental en las maniobras delictivas que denunciamos dado sus múltiples roles asumidos desde que era funcionario de Desarrollo Forestal”.
Además de los permisos otorgados al actual ministro Halavacs, la AAdAA indicó que las irregularidades realizadas por Olivares también se pueden encontrar en su activa intervención en la administración de fondos públicos para la conservación de bosques “y que en realidad se otorgaban discrecionalmente y sin el fin para el cual habían sido dispuestos por el Estado Nacional”.
Estando al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Olivares dispuso el “redireccionamiento de casi el 60% de las sumas de dinero del Fondo Fiduciario de Bosques Nativos -recibidos conforme lo estipulado por la Ley Nacional 26.331- a la Asociación de Productores Industriales y Forestales (APIF), presidida actualmente por Fabián Ulrich, que debían ser destinados a compensar a tenedores y aquellos propietarios de bosques nativos que contribuyen a cumplir los objetivos de conservación previstos en esa norma, extremos que no se cumplieron en el caso, toda vez que la APIF no solo no revestía ese carácter sino que tampoco contribuye a la conservación de los bosques y el respeto de las comunidades. Los involucrados incurrieron en, cuanto menos, el delito de defraudación contra la administración pública. Corresponderá profundizar la investigación a efectos de determinar la eventual comisión del delito de lavado de activos”.
Y eso no es todo: acusaron a Olivares de disponer el otorgamiento de sumas de dinero del Fondo Verde por el Clima, recibidos en virtud de un convenio celebrado con el Estado Nacional, por alrededor de 500.000 dólares, a la Asociación Meguesoxochi, vinculada al diputado provincial del NEPAR, Juan José Bergia, y el Intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, que debían ser destinados a proyectos de manejo sustentable y conservación e inclusión a comunidades originarias, finalidad simulada, ya que en dichas tierras se producen desmontes ilegales y explotación laboral a miembros de las comunidades”.
“Al igual que en los hechos puntualizados en el párrafo que antecede, los involucrados incurrieron en, cuanto menos, el delito de defraudación contra la administración pública y corresponderá profundizar la investigación a efectos de determinar la eventual comisión del delito de lavado de tales activos percibidos ilegítimamente”, acusaron desde la asociación de abogados ambientalistas.
