En el marco del análisis del proyecto de ley para autorizar el uso de pistolas de incapacitación neuromuscular transitoria, que se votará próximamente en la Legislatura provincial, la Comisión de Legislación General solicitó la opinión del Comité para la Prevención de la Tortura y de la Defensoría General, dos organismos que suelen trabajar en conjunto en diversas intervenciones, sobre todo en lo relacionado a personas privadas de libertad. A pesar de esta coincidencia general, en esta oportunidad se mostraron con posturas opuestas.
La Defensora General, Alicia Alcalá, respondió a este pedido con un escueto escrito. En sólo una carilla y tres párrafos, afirmó no tener objeciones respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Pública 2011-J (antes Ley 6976) en lo relacionado a la utilización de los denominados Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de baja letalidad “en entendimiento que producirían menor daño en las personas que las armas convencionales”.
De todos modos, ratificó la importancia de implementar un protocolo de actuación y la necesidad de capacitar al personal policial antes de su implementación definitiva.
Consultada por LITIGIO para que amplíe su postura, Alcalá explicó que su planteo apunta al “mal menor”. “Si yo tengo que hacer una ponderación entre las armas peligrosas para la salud y la vida de las personas tengo que elegir entre dos males, elijo el menor”, sostuvo.
“Entiendo que sí o sí se debe capacitar a las personas para usarlas y sé que son peligrosas para las personas cardíacas. Sé también que hubo lesiones en personas, en la vista, sobre todo. Pero entre dos situaciones peligrosas para la salud y la integridad física, ya que se planea aprobar una ley en este sentido, prefiero esto antes que una (pistola) 9 milímetros”, añadió.
Alcalá recordó en este sentido un caso en el cual el uso de un dispositivo de estas características podría haber evitado el asesinato por parte de la policía de una persona con problemas mentales.
“Sentí que estaba acertada en esta decisión cuando el mes pasado se dio una noticia en donde un señor con padecimientos mentales, que tenía un arma blanca en sus manos, que estaba en el bar, le pegó a su mamá. Cuando vino la policía, trataron de detenerlo, y cuando él sacó el cuchillo, lo terminan matando. Eso es lo que a mí me desespera. Porque encima tampoco se aplica el protocolo ante personas con padecimientos mentales y en crisis”, cuestionó.
“No es lo que yo deseo, no es lo que me gusta, ni lo que quisiera. Pero ante esta situación, debo ponderar el mal menor. Y por eso lo puse así en el dictamen”, añadió Alcalá.
En la vereda de enfrente se colocó el Comité para la Prevención de la Tortura. El dictamen que lleva la firma de su presidente, Darío Gómez, sostuvo que la aplicación de este tipo de dispositivos “representa un grave riesgo para la vida de los ciudadanos de la provincia”.
“No sólo constituye una regresión en materia de Derechos Humanos sino que su implementación y uso por parte de personal policial con formación deficiente y escaso o nulo en el entrenamiento con armas de fuego crea condiciones propicias para el aumento de casos de muertes en custodia, debido a negligencias o incompetencia en el manejo de estos dispositivos”, sostuvo el Comité.
Desde el organismo, se indicó además que hasta la fecha “no se han identificado razones empíricas que justifiquen la implementación de estos dispositivos en nuestra provincia. Además, la adquisición, capacitación y mantenimiento de este tipo de tecnología desempeña un papel crucial en el aspecto presupuestario de una provincia con recursos financieros limitados”.
Finalmente, el organismo indicó que “en cuanto a la ‘no letalidad’ de estas armas, es importante considerar las conclusiones del informe de Amnistía Internacional que señala que su uso puede ser letal en personas cuya salud ya esté comprometida debido al agotamiento, problemas de salud o consumo de drogas”.
