Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Congreso se dispone a avanzar con un nuevo proyecto. Mientras se aguardan novedades desde Corrientes por el caso Loan, el Senado buscará esta semana endurecer las penas por trata de menores.
Según pudo saber TN, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocaría una sesión para este jueves con el foco puesto en un tema sensible como es el delito de sustracción de menores. Además, instaurarán el 18 de julio como día de duelo nacional por las víctimas del atentado a la AMIA.
La comunicación interna del Senado ya les avisó a cada uno de los legisladores nacionales que podría haber una sesión especial el próximo 4 de julio. Buscarán llevar adelante una sesión con temas de consenso después de las tensiones vividas por el tratamiento del proyecto de Ley Bases, una iniciativa que golpeó la interna de los bloques legislativos de la UCR debido a los acuerdos alcanzados en diferentes artículos de los proyectos y generó diferencias en las posturas de las Cámaras.
Dentro de los puntos a discutir está el referido a los cambios penales para los delitos de sustracción o comercialización de menores. Un tema sensible, en estos momentos en la sociedad, que está pendiente por la desaparición de Loan Peña, ocurrida hace tres semanas en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.
La senadora Carolina Losada, autora de la iniciativa, le aclaró a TN que, “este proyecto lo presenté en el 2022, no tiene nada que ver con el caso Loan, que no sabemos aún qué es lo que sucedió. Este proyecto tiene que ver con saldar una deuda que la política tiene con la sociedad desde hace muchos años. Durante el kirchnerismo, en el que solo se legislaba lo que quería Cristina (Kirchner), no se quiso sancionar. Lo dejaron dormir y por eso lo volví a presentar en marzo de este año”.
La iniciativa fue impulsada en diferentes oportunidades por la senadora radical y propone una modificación del Código Penal en su artículo 139, estableciendo que, “se impondrá prisión de tres a diez años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”. También establece penas para los que faciliten o intermedien en la perpetración de ese delito.
Losada expresó en sus fundamentos: “Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad; además refleja una falta de respuesta por parte de nuestro país a la intimación que nos fue hecha para adecuar la normativa vigente a la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a la que adhirió la Argentina en su oportunidad”.
Agregó, en su iniciativa que acompaña el senador Eduardo Galaretto (UCR), que “la sustracción y/o comercialización de menores constituye una conducta aberrante para la sociedad y lleva consigo el riesgo de ser un factor multiplicador, en tanto puede convertirse en medio para la comisión de otros ilícitos como la venta y tráfico de niños, la prostitución y pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos”.
La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 35: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”.
Paralelamente, Villarruel participó, la semana pasada, de una jornada internacional organizada por la senadora Gabriela Valenzuela (UCR) y la Fundación Red por la Infancia, y agradeció “a todos los que trabajan en la prevención, la atención y la contención de aquellos que son víctimas de abusos y violencia. Desde la presidencia del Senado y desde cada uno de los roles de los 72 senadores que integran esta casa, siempre van a estar abiertas las puertas para todos los que luchan contra el abuso de los niños y adolescentes”. El evento se desarrolló en el Salón Azul del Congreso.
Además, en la agenda de los senadores está darle sanción a una iniciativa que logró dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, que declara duelo nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en esa fecha de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Un proyecto de la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), ya aprobado por la Cámara baja.
También le darán el aval al dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), a los pliegos de ascenso de funcionarios diplomáticos de carrera y personal militar, correspondientes a los pasados tres años. Entre los ascensos solicitados por el Ejecutivo se encuentran los actuales jefes de las tres Fuerzas Armadas para ser promovidos al grado inmediato superior: general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército), contraalmirante Carlos María Allievi (Armada) y brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).
