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Alerta en Santa Fe por apuestas online: el Gobierno pidió dar de baja más de 270 sitios web de juego ilegal

Entre los argumentos que exponen está la violación de la ley de juegos y el impacto de estos espacios en la ludopatía, sobre todo, entre los adolescentes.

El Gobierno de Santa Fe pidió este jueves ante el Ministerio Público de Acusación (MPA) que se den de baja 273 sitios web de apuestas online que estarían operando sin autorización.

En un documento señalaron que, además de permitir el ingreso de menores de edad, no pagan impuestos. Solo por el canon que deberían abonar, el perjuicio asciende a más de $2.000 millones por mes. De la misma manera, la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que se bloqueen y se embarguen las cuentas bancarias de todos estos sitios.

“Es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”, señaló el escrito que presentó el Ejecutivo santafesino.

Las apuestas online clandestinas entre estudiantes secundarios se están incrementando. (Adobe Stock)
Las apuestas online clandestinas entre estudiantes secundarios se están incrementando. (Adobe Stock)

También se indicó que la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), como autoridad de aplicación en lo que se refiere a los juegos de azar en esa provincia, advirtió que estos sitios de internet “permiten apostar al margen de la ley”, violando disposiciones del Código Penal, así como la normativa vigente en materia de regulación del juego. Además, señaló que no poseen la aprobación de la autoridad competente para comercializar estos juegos.

Estos sitios posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”.

A su vez, afirmó que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.

La participación de menores aumentó desde pandemia

“Vinimos a hacer esta presentación que ya veníamos conversando con la fiscal Vranicich. Hay estudios y publicaciones que alertan que el número de menores de edad que apuestan en línea aumentó exponencialmente desde la pandemia y se consolidó durante el Mundial de Qatar”, manifestó el vicepresidente del CAS, Daniel Di Lena

En este sentido, señaló: “La tentación de ganar dinero con un par de clicks puede generar efectos negativos en la salud física y mental de chicos y adolescentes. La proliferación de este tipo de plataformas no registradas está impulsada por una sólida campaña de publicidad que incluye a varios influencers apuntando directamente a los jóvenes, que son quienes más consumen su contenido”.

Di Lena también marcó como “oportuno” resaltar que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio ‘.bet.ar’. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguno de los 24 organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio ´.bet.ar´, es ilegal”.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recordó que “todo juego, apuesta o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

En otra parte, el escrito menciona que “el Estado detenta el monopolio de la explotación de los juegos de azar” y, en consecuencia, “todo dinero que se haya canalizado a través del juego ilegal representa un grave perjuicio a patrimonio estatal, teniendo en cuenta que son recursos económicos que según las necesidades y prioridades se determinen”.

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