José Mayans y Juliana di Tullio tienen la misión de convencer a los senadores que votaron contra el DNU 70/23 para voltear la ley ómnibus, que llegó esta semana a la Cámara Alta con media sanción de Diputados. Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que «se está trabajando para sumar voluntades», y consignaron que «es difícil pero no imposible».
En uno de los despachos peronistas, se ilusionan con alcanzar los cuatro votos que le faltan a la oposición para llegar a la mayoría de 37 sobre 72 escaños. «Con los 33 orientales unidos, más (Edgardo) Kueider, (Carlos) Espínola, (Lucila) Crexell, (Mónica) Silva y (Martín) Lousteau, que está evaluando hasta dónde tensa con la UCR, llegaríamos», explican.
A esa aritmética agregan los nombres de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano pero en los pasillos del Congreso reconocen que todavía no tienen definida su postura. «Hay que esperar», deslizan.
Kueider y Espínola integran, junto a la cordobesa Alejandra Vigo, el bloque Unidad Federal pero hasta enero de 2023 formaron parte del Frente de Todos. El entrerriano preside actualmente la comisión de Asuntos Constitucionales pero cerca suyo argumentan que el senador no dejará que le pese su rol en ese cuerpo a la hora de pronunciarse en el recinto.
El legislador correntino, por su parte, no está dispuesto a convalidar la restitución del impuesto a las Ganancias, un capítulo contemplado en el paquete fiscal. Habiendo votado por su eliminación el año pasado, reponer el gravamen como pretende ahora el gobierno nacional sería, a su criterio, prestarse para el ridículo. «El Presidente se equivoca», le habría dicho a su entorno ya en el verano y no habría cambiado de opinión.
El caso de Crexell es emblemático porque formó parte de Juntos por el Cambio, tuvo su paso por la bancada Cambia Federal que conduce el salteño Juan Carlos Romero y se desprendió para formalizar un monobloque. Aunque en el macrismo siempre le reprocharon cierta autonomía y se encuentra cercana al gobernador Rolando Figueroa, su apego a votar según su propia conciencia más allá de sus eventuales lazos orgánicos la ubica en la lista de los que optarían por la negativa. Además, ya estuvo entre los 42 que enterraron el decreto de Javier Milei.
Oriunda de Río Negro, Silva expresa las posiciones del gobernador Alberto Weretilneck en el Senado. El ajuste de la Casa Rosada sobre las jurisdicciones patagónicas había puesto en pie de guerra al mandatario provincial y ex senador a principios de marzo y la legisladora terminó votando contra el DNU. Ahora habita una de las oficinas que ficharon tanto en el peronismo como en la CGT para pautar visitas.
El voto más resonante podría llegar a ser el de Lousteau. Presidente de la UCR, ya se movió contra los deseos de los gobernadores de su partido cuando el Senado enterró el decreto 70 y este martes fue enfático contra el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). «Hay que pensar que el oficialismo está abierto a la negociación y entonces se está buscando que el bloque vote unificado», indicaron desde la bancada que preside Eduardo Vischi.
Sin embargo, Lousteau prepara su eventual candidatura por el distrito porteño y necesita despegarse de la imagen de Rodrigo De Loredo, cuya complacencia con el oficialismo en la Cámara Baja es motivo de burla en redes sociales. Además, su cálculo es que el experimento de Milei no saldría bien y estima que Evolución, espacio interno del partido al que responde, quedaría en pie frente a su electorado.
Tal vez por eso, un diputado radical que este martes pasó por el Senado a saludar a uno de los gobernadores correligionarios admitió ante LPO que temía por el voto a favor de Lousteau. El asunto es que el kirchnerismo tampoco puede aplicar un operativo de seducción sobre el senador, por la probable ineficacia que deriva del divorcio político en 2008 y porque el ex ministro de Economía perdería el atractivo que pretende cuidar frente al electorado de CABA.
Como sea, La Libertad Avanza llega con el envión de una abultada victoria en Diputados para aprobar el proyecto en el Senado pero el peronismo podría complicarle el camino, si es que sus presiones no se limitan a lograr modificaciones al expediente que se discute por estos días en el plenario de comisiones y se proponen voltear la ley.
Para colmo, los 72 miembros de la cámara estarán bajo la lupa de sectores sociales que planean movilizarse cuando se trate la ley. La presión política podría incrementar su voltaje y la fuerza con la que llegaba el proyecto con su media sanción podría disiparse.
Una senadora peronista aventuró ante LPO: «vamos a tener los mismos números que con el DNU».
