El gobierno del presidente Javier Milei sigue con el pie en el acelerador para achicar a su mínima expresión, cerrar o vender la mayor parte de las empresas estatales o en donde el sector público sea el accionista controlante.
La lista llega a 34 compañías de las cuales el Ministerio de Economía que conduce Luis Toto Caputo se encuentra elaborando análisis caso por caso para determinar cuáles pueden ser las mejores opciones para cada una.
En este contexto, se acaba de conocer un informe elaborado por Moody’s Ratings, uno de los mayores proveedores mundiales de calificaciones crediticias, investigación y análisis de riesgos, en el cual se asegura que las empresas enfrentan mayores riesgos de gobierno corporativo a medida que cambian las prioridades políticas de los gobiernos de turno. El informe revela que la polarización política de América Latina, los cambios en las prioridades de gobierno y las crecientes tensiones sociales están alterando cada vez más los riesgos de políticas de las empresas públicas de la región.
El documento entiende que «un buen gobierno corporativo aumenta la resiliencia de una entidad a los riesgos crediticios e incluso puede mejorar su calidad crediticia». Sin embargo, asegura que los cambios en los imperativos gubernamentales pueden debilitar los marcos legales que respalden un gobierno corporativo disciplinado de una empresa estatal, lo que compromete su propio gobierno corporativo o estructura administrativa y financiera.
Para Moody´s, los marcos regulatorios afectan los entornos operativos y de inversión de determinados sectores corporativos e incluso pueden cambiar el propio apoyo del gobierno, con posibles implicaciones crediticias tanto para la empresa estatal como para el patrocinador soberano.
El informe de Moody´s analiza los riesgos del debilitamiento de las estructuras de gobierno corporativo, las modificaciones en las políticas internas, los cambios en el apoyo del gobierno y las regulaciones de algunas empresas públicas de Brasil (Ba2 estable), México (Baa2 estable), Colombia (Baa2 estable) y Chile (A2 estable) y, en cierta medida, Panamá (Baa3 estable) y Perú (Baa1 negativa).
Argentina (Ca estable) representa un caso atípico: su petrolera estatal, YPF (Caa3 estable), se beneficiará de cambios importantes en el entorno regulatorio del nuevo gobierno de Javier Milei.
Ausencia de reglas
Para Moody´s, el gobierno corporativo influye en la calidad crediticia de las empresas públicas y privadas en términos de propiedad y control; supervisión y eficacia de la junta directiva; cumplimiento y presentación de informes; estrategia financiera y gestión de riesgos; así como, credibilidad e historial del equipo directivo. «Un gobierno corporativo sólido apoya la responsabilidad y transparencia, lo que a su vez reduce el riesgo de fraude, corrupción o mala praxis«, agrega el trabajo.
Detalla además que la fuertes leyes o estructuras que separen la toma de decisiones y aseguren una distancia prudencial en las operaciones de las empresas estatales son importantes y limitan el riesgo de interferencia del gobierno y la falta de supervisión independiente de la junta directiva y controles de riesgos, especialmente en torno a la asignación de capital y transacciones con partes relacionadas.
«La ausencia de tales reglas limita los mecanismos que garanticen la independencia y puede vulnerabilizar las empresas a una politización indebida. Las juntas directivas desempeñan una función clave de supervisión al establecer la estrategia de negocio de una empresa y su apetito por el riesgo, además de garantizar una gestión de riesgos adecuada y proteger los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo acreedores», señala Moody´s.
La calificadora detalla que el gobierno corporativo se correlaciona estrechamente con la calidad crediticia y asegura que las empresas públicas y otros emisores con calificaciones altas tienen más probabilidades de contar con un gobierno corporativo sólido que les ayude a abordar los riesgos crediticios.
«Por el contrario, las entidades con calificaciones bajas tienden a tener políticas financieras más agresivas y un gobierno corporativo más débil, lo que limita su capacidad de reducir su exposición a los riesgos. Un gobierno corporativo sólido puede reducir los riesgos crediticios de las entidades con exposición elevada a riesgos ambientales o de descarbonización mediante la divulgación activa de objetivos ambiciosos y claros de reducción de emisiones y la implementación de estrategias eficaces alineadas con los marcos globales», asegura Moody´s.
Resiliencia a los riesgos
Para la empresa, la polarización política, los cambios en las prioridades de gobierno y las crecientes tensiones sociales aumentan todos los riesgos crediticios al cambiar las políticas de las empresas públicas en América Latina, incluyendo a la Argentina del gobierno libertario.
El paper entiende que «un buen gobierno corporativo aumenta la resiliencia de una entidad a los riesgos crediticios, pero los cambios en los imperativos gubernamentales pueden obligar a las empresas estatales a cambiar sus modelos de negocio o misiones públicas para alinearlos con políticas oficiales no relacionadas que debilitan sus objetivos financieros».
Además, compara diferentes escenarios en varis países vecinos como Brasil (Ba2 estable), que aspira a impulsar el crecimiento económico mediante la expansión de la oferta de crédito de sus tres bancos estatales.
De todos modos, agrega que los cambios de políticas de gobierno también representan un riesgo crediticio para la petrolera estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras, Ba1 estable), a pesar de que sus ejecutivos ofrecen considerables resguardos. En este caso, para Moody´s la intervención del Estado plantea riesgos incluso para las empresas privadas de Brasil, como la minera Vale (Baa3 estable) y la compañía de energía eléctrica Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras, Ba2 estable).
En el caso de México, el estudio señala que las próximas elecciones que se llevarán a cabo en junio próximo «aumentan la probabilidad de cambios en los modelos de negocio y el apoyo del gobierno a las compañías eléctricas estatales».
Para la calificadora de riesgo, el nuevo gobierno determinará la mejor manera de seguir apoyando a Petróleos Mexicanos (Pemex, B3 negativa) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE, Baa2 estable) «en un contexto de mayores necesidades y crecientes restricciones fiscales». Entiende también que sea probable que ambas candidatas fomenten una mayor participación del sector privado en la industria energética, pero sus estrategias serán diferentes.
El futuro de YPF: estrés económico y cambios regulatorios
Otro de los ejemplos que plantea el estudio de Moody´s es el esfuerzo de Colombia (Baa2 estable) por priorizar la transición energética teniendo en cuenta que marca un gran cambio de política. Sostiene que la petrolera estatal Ecopetrol (Baa3 negativa) se beneficiará de un cambio en las tecnologías de producción de gas y energías renovables, además de su alejamiento de la producción de petróleo. Sin embargo, advierte que las demoras del gobierno en actualizar los ajustes tarifarios están limitando los ingresos y la liquidez de algunas subsidiarias de Ecopetrol y empresas eléctricas reguladas.
En cuanto a YPF, la calificadora entiende que la petrolera estatal y principal grupo energético de Argentina (Ca estable), se encuentra atravesando por un estrés económico y cambios regulatorios, en un contexto de demanda local de energía que se desacelerará este año «debido a los continuos problemas económicos de Argentina».
Sin embargo, el documento anticipa que YPF se beneficiará de los cambios regulatorios impuestos por el presidente Milei «en medio de la recesión local y una inflación de tres dígitos, que reduce el poder adquisitivo de los consumidores».
De todos modos, Moody´s insiste con que la compañía saldrá beneficiada «significativamente» de las amplias modificaciones en el marco regulatorio del sector, las cuales tienen la intención de corregir los desequilibrios y liberar los precios, mejorar el desempeño del mercado y simplificar la toma de decisiones empresariales. «Esta dicotomía constituye la base de la dirección estratégica de la empresa durante la administración de Javier Milei», detalla Moody´s quien recuerda que, tras asumir el cargo en diciembre de 2023, Milei propuso reformar el marco regulatorio de Argentina en un proyecto de ley, conocido como ley ómnibus, presentado al Congreso.
Tras los reveses iniciales, el Gobierno volverá a presentar este proyecto simplificado denominado Ley Bases, centrada en cuatro áreas: delegar poderes al ejecutivo; desregular la economía, principalmente los hidrocarburos; incentivar grandes inversiones; e implementar una nueva fórmula de pensiones que se ajustaría a la inflación. Las autoridades locales esperan aprobar la Ley Bases e intentará obtener apoyo político de diferentes formas, a pesar de no tener la mayoría en el Congreso.
Fluctuaciones de precios
Moody´s aclara que el proyecto de ley aboga por cambios significativos en el sector de hidrocarburos, incluyendo la eliminación de los controles de precios para alinearlos con los de paridad de exportación e importación, así como la liberación del mercado de exportación de petróleo y gas. También prohibiría la imposición por parte del gobierno de restricciones a la exportación o importación con fines económicos, y formalizaría un decreto que entró en vigencia en diciembre de 2023.
Esto se debe a que los precios locales del petróleo y el combustible no tienen una alineación inmediata con los precios internacionales, especialmente durante las fluctuaciones de precios repentinas y significativas. Es más, suelen reflejar las negociaciones entre productores, refinerías y funcionarios del Gobierno.
Sin embargo, los precios del combustible en las estaciones de servicio aumentaron más de un 200% entre noviembre de 2023 y principios de marzo de 2024, lo que situó los valores del crudo por debajo de la paridad de importación. «Este aumento se debió principalmente a una aceleración de la inflación local y una fuerte devaluación del peso argentino en diciembre de 2023, conforme a la postura del nuevo gobierno sobre la desregulación de los precios del combustible», destaca el trabajo de Moody´s.
Caras nuevas en YPF
En este contexto, el Gobierno nombró a dos nuevos ejecutivos para ayudar a la compañía a atravesar el nuevo entorno regulatorio durante el período de estrés macroeconómico.
Uno es Horacio Marín, quien fue designado como director ejecutivo en diciembre de 2023 y cuenta con experiencia en el sector de petróleo y gas gracias a su paso por la división de Exploración y Producción del Grupo Techint, la matriz italiana de la petrolera Tecpetrol.
El otro es Federico Barroetaveña que, de trabajar en Techint, pasó a ser director financiero de la petrolera estatal que hasta antes de las elecciones presidenciales fue controlado por la agrupación kirchnerista La Cámpora.
