El gobierno de Santa Cruz busca garantizar la continuidad de las obras en las represas, paralizadas desde diciembre y cuya reanudación depende de un acuerdo entre Nación y China que destrabe fondos.
En las últimas horas, se multiplicaron las protestas de los gremios Uocra y Ucere ante el envío de 1500 telegramas de despido de trabajadores por parte de la firma a cargo de los trabajos en las represas. La constructora, conformada por empresas chinas y argentina, argumentó la decisión en la falta de fondos para la continuidad del megaproyecto, que financian bancos chinos.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/PTMZ5B4OTFAXLN57ZUIJIWROTI.jpg)
La Uocra presentó este jueves un pedido de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo para abrir una negociación que permita garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo.
Desde el gobierno de Santa Cruz avisaron que si Nación dilata esa decisión, lo harán desde provincia a fin de retrotraer los despidos y abrir un nuevo canal de negociación que involucre a funcionarios nacionales, provinciales, gremios y la empresa encargada de la construcción.
Como informó TN, las obras están paralizadas desde mediados de diciembre a la espera de la firma de una adenda al contrato original de financiamiento entre el Ministerio de Economía (sujeto del crédito) y los bancos chinos, para que llegaran US$500 millones para retomar las tareas en las dos represas sobre el río Santa Cruz.
El cambio de gobierno retrasó la llegada de esos fondos y tras idas y vueltas entre la constructora y Enarsa, la empresa estatal a cargo del proyecto, se determinó que no había fondos tampoco en el fideicomiso nacional de obras hídricas que podrían haberse utilizado para reactivar la obra.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/CWARQDIPFZDTVB5VCLVIFSSE7E.jfif)
Por la ley de obras públicas, si no hay financiamiento garantizado, no puede retomarse el proyecto, en este caso el más grande del país, comentaron a TN fuentes con conocimiento del caso.
Ante la situación, la constructora Represas Patagonia comunicó el miércoles que la parálisis no tenía plazos y que había decidido prescindir “de manera temporal” de parte de sus empleados, que hasta ese momento estaban licenciados y habían cobrado el 80% de sus salarios en diciembre, enero y febrero.
La compañía, además, aseguró que seguía en conversaciones con Nación, a través de Enarsa, con el objetivo de poder retomar cuánto antes los trabajos en el sur.
Fuentes gremiales comentaron a TN que la mayoría de los despedidos trabajaban en la represa Néstor Kirchner, la que menor avance tenía, y otros eran “jornaleros” de la obra Jorge Cepernic. Los telegramas seguían llegando y totalizarían 1800 en las próximas horas, de los casi 4000 que llegaron a trabajar entre ambos proyectos.
Por eso, los gremios iniciaron protestas que incluyeron corte total en los accesos de las obras, advertencia de no permitir ingreso de mercadería y alimentos a los técnicos y obreros chinos que quedaron como personal de tareas de mantenimiento y una marcha por las calles de Río Gallegos que llegó a la Legislatura en el primer día de sesiones.
