ENARSA, la operadora pública de los ferrocarriles, y Aerolíneas Argentinas se encuentran en el podio de las empresas públicas que más dinero perdieron durante el último año, seguidas por Aysa, el Correo Argentino y el Belgrano Cargas.
Junto con las otras 27 compañías que maneja el Estado, durante el período comprendido por el cuarto trimestre del 2022 y el tercer trimestre del 2023 (último dato disponible), dejaron un rojo en las arcas estatales que casi roza los u$s3.000 millones.
Salvo YPF, que no figura en el listado debido a que el Gobierno dio marcha atrás en el objetivo de privatizarla tras acordar con la oposición dialoguista, ninguna de las firmas bajo la órbita pública dio ganancias durante los últimos 12 meses.
Por lo menos, así se desprende de un informe de la Fundación Libertad y Progreso, en el cual se asegura que la mayoría de las 33 empresas no financieras del Estado nacional tuvieron pérdidas, generando un resultado operativo negativo por casi u$s2.900 millones en un año.
El informe advierte que mantener un ecosistema de empresas públicas deficitarias tiene importantes costos en términos fiscales y demora la potencial reducción o eliminación de impuestos distorsivos, «algo necesario para empezar un proceso de reactivación económica».
Actualmente, el rojo de las empresas deficitarias es equivalente a 0,95% del PBI o 3,8% de la recaudación tributaria nacional, lo cual es equivalente a todo lo recaudado en el mismo período por derechos de exportación; el 166% de lo ingresado por Bienes Personales o el 54% de lo recaudado por Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque.
Rojos y canastas básicas
Sumado, el déficit operativo de estas empresas es 2,2 veces lo que se destinó en recursos al Ministerio de Salud en 2023 o el 55% lo destinado al Ministerio de Educación. A su vez, tomando el promedio del costo de la canasta básica alimentaria de los 12 meses comprendidos hasta septiembre de 2023, con el déficit de las empresas públicas se podrían haber comprado el equivalente a 3,5 millones de Canastas Básicas Alimentarias durante un año.
El documento señala además que en el acumulado de 365 días hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), del total de estas compañías relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran fuertes rojos.
Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar como el caso de ENARSA, creada por el kirchnerismo el 2 de noviembre de 2004 como Energía Argentina Sociedad Anónima con el objetivo de llevar a cabo el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, el transporte, el almacenaje, la distribución, comercialización e industrialización de estos y sus derivados. Así como el abastecimiento y distribución de Gas natural. También se encargará de generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica.
Además de no haber cumplido casi ninguno de sus preceptos durante todos estos años, la firma perdió $627.745 millones ya que generó ingresos algo mayores a los $418.000 millones y gastos por encima del billón de pesos.
En octubre de 2017 mediante el decreto 882/2017 ENARSA absorbió Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), sociedad responsable de desarrollar proyectos y estudios, prestar servicios de consultoría, preparar licitaciones y supervisar obras relacionadas con el sector eléctrico.
Con esta empresa el gobierno K intentó tener una herramienta de política energética con un rol central en el abastecimiento de gas natural y el desarrollo de infraestructura energética que permita incrementar la oferta de un bien estratégico como es la energía en el crecimiento de nuestro país.
Claramente, nada de eso ocurrió y actualmente la administración libertaria se encuentra analizando si la vende o directamente la disuelve.
Trenes y aviones en la mira
Del mismo modo, OFSE que es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, se encuentra en la cuerda floja, con un déficit operativo de $281.850 millones, producto de ingresos $7.897 millones y gastos por $289.747 millones para poder sostener los servicios de los trenes de las líneas General Mitre, Sarmiento, General San Martín, General Roca y Belgrano Sur.
Junto con Aerolíneas Argentinas, que tuvo un rojo de $154.335 millones en el último año, la operadora de los ferrocarriles y la sociedad petrolera explican el 81,6% del déficit operativo total del Estado.
En tanto la pérdida total, sumando a las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $1.303.545 billones en los 12 meses hasta septiembre de 2023, equivalente a unos u$s2.897 millones al tipo de cambio financiero.
En este grupo también figuran el Belgrano Cargas, con un rojo de $39.049 millones; Radio y Televisión Argentina (RTA), con $27.006 millones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con $25.389 millones y que, a propósito del pronunciamiento de los gobernadores de las provincias patagónicas en favor de la empresa para que no sea privatizada, el informe destaca que cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.
Le sigue Corredores Viales, $24.349 millones y hasta el propio organismo encargado de emitir los billetes que circulan por el país como es la Casa de la Moneda no escapa a este patético escenario de sociedades estatales que deben sobrevivir exprimiendo «la teta» del Estado.
Pérdidas de sociedades «desconocidas»
En este caso, el déficit operativo llegó a los $14.242 millones; seguida por la desconocida Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (DECAHF) que tiene un decálogo de buenas intenciones como objetivos pero que en la práctica dejó un agujero de $12.235 millones al Tesoro para «consolidar y fortalecer el desarrollo y transferencia del conocimiento y cultura ferroviaria en los recursos humanos y técnicos que componen el sistema ferroviario nacional, como así también en los que se integren en el futuro», por ejemplo.
O para «continuar con la preservación y difusión del patrimonio histórico documental ferroviario, a través de la guarda y protección del archivo, digitalización y procesamiento de datos e información histórica», según establece el informe que la vio nacer.
También la Empresa Argentina de Navegación (EANA), que perdió $5.765 millones y que fue impulsada por el kirchnerismo en el 2015 tras una ley del Congreso a la cual se le transfirió el control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y su coordinación y supervisión.
Luego siguen ADIF; Telam y otra serie de sociedades estatales totalmente desconocidas para la sociedad, con objetivos similares pero más que nada teóricos como Contenidos Públicos ($2.379 millones); FADEA ($1.948 millones); SRT UNC ($1.182 millones); FASE ($1.019 millones).
El caso ArSat
En iguales condiciones se encuentra ArSAT, la operadora de servicios satelitales que el kirchnerismo intentó convertir en una empresa oficial de telecomunicaciones para competir con compañías privadas como Telecom; Telefónica y Claro, al punto que antes de dejar la Casa Rosada, se licitó el otorgamiento de banda de 5G al sector privado, pero reservándole a esta sociedad de manera gratuita los Megas que quedaron vacantes de la subasta.
A pesar de todos estos beneficios y de los esfuerzos de los funcionarios kirchneristas y del gobierno de Alberto Fernández para posicionar a ArSat como referente del sector y beneficiarla con este tipo de medidas, en el último año dejó un déficit operativo de $896 millones.
Ahora, las nuevas autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), analizan cambios en la operatoria de la sociedad estatal o hasta su privatización parcial, y también estudian la posibilidad de anular el otorgamiento de los megas sobrantes de la licitación del 5G.
Detrás de ArSat, las otras empresas deficitarias son COVIARA ($343 millones); Playas Ferroviarias S.A ($280 millones); la radio de la Universidad de Luján, LT10 ($88 millones); Polo Tecnológico ($11 millones).
Las que «se salvan»
Entre el grupo minoritario de las superavitarias destaca Nucleoeléctrica Argentina SA, con un resultado positivo acumulado de $69.182 millones; la Administración General de Puertos (AGP), con ganancias por $5.659 millones; Tandanor, con $3.688 millones; Fabricaciones Militares, $1.527 millones; Dioxitek, $1.460 millones.
Esta empresa se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60. El polvo de dióxido de uranio es utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes.
Fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1996 y puesta en marcha en 1997. Actualmente la Secretaría de Energía ejerce la titularidad del 51% del Capital Social, del 48% es titular la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras que el Gobierno de la Provincia de Mendoza es titular del 1% restante.
El mismo caso se repite en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que ganó $1.173 millones y que es una empresa minera interestatal, situada en el oeste catamarqueño, que explora, explota y comercializa la producción de los yacimientos minerales que se encuentran en sus concesiones de la meseta de Agua de Dionisio (también conocida como Campo del Arenal).
Le sigue VENG o Vehículo Espacial Nueva Generación, con una rentabilidad de $513 millones, dedicada a ofrecer servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con especialidad en la actividad espacial.
Fue creada a través del Poder Ejecutivo Nacional para implementar tareas realizadas por entes y profesionales de organismos nacionales del sistema científico tecnológico argentino en el desarrollo de medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, particularmente para la producción, operación y mercadotecnia del programa de Tronador de la CONAE.
También ha participado como contratista en los satélites SAC-D / Aquarius y SAOCOM, y en el diseño y operación de la Estación Terrena Tierra del Fuego.
Por último, entre las sociedades con participación estatal superavitarias con $172 millones, se encuentra INTEA o Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA, que impulsa y promueve la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes.
Empleo estatal vs. privado
Tras analizar los datos del informe, Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso, señala que «así como en los sistemas de pensiones es necesario tener más aportantes que beneficiarios, en la composición del empleo es fundamental que la parte privada supere a la pública, ya que la primera soporta a la segunda, y de otra forma el sistema se vuelve insostenible».
Según el analista, «en muchas provincias las actuales composiciones de empleo solo son posibles bajo los malos incentivos que genera la coparticipación, que lleva a las jurisdicciones subnacionales a comportarse irresponsablemente, generando que en los últimos años aumentaran su personal de sobremanera, mucho por encima de la administración nacional».
En cuanto a la visión de la Fundación Libertad y Progreso, autora del documento, opina que la operación de las empresas públicas tiene costos que están directamente vinculados a sus pérdidas operativas, que terminan siendo cubiertas por transferencias del Estado Nacional o, lo que es lo mismo, por los contribuyentes argentinos.
«Esto independientemente de lo que los ciudadanos reciban a cambio de su aporte o de la verdadera utilidad social de la empresa», detalla la fundación en su paper desde el cual impulsa que se avance en el proceso privatizador prometido por el presidente Javier Milei y en la desregulación de los sectores económicos donde operan para asegurar la proliferación de la competencia y la inversión.
«Consideramos que la provisión de bienes y servicios en los mercados puede ser llevada delante de manera eficiente por empresas privadas, contribuyendo a ahorrar costos para un Estado nacional que lucha por salir de su quebranto», agregan desde la fundación.
En este sentido, Eugenio Marí, Economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señala que «varias empresas públicas son casos testigo del elevado costo social de las buenas intenciones».
Advierte que un servicio sea considerado básico no implica que deba ser suplido por el Estado y reclama preguntarse si los argentinos van a estar mejor bajo una oferta regulada y provista por el sector público o si en cambio conviene dejar el espacio al privado.
«Además, que el Estado destine recursos a financiar la operación de empresas tiene costos, porque son recursos que podrían estar destinándose a otros fines, en un país con 45% de pobreza general y 50% de pobreza infantil, lo cual hace difícil justificar que el Estado argentino siga financiando el mal manejo de empresas estatales», concluyó.
En igual sentido, Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, se manifestó indignado por «observar el derroche de recursos en este contexto, teniendo en cuenta que el 60% de los niños menores de 14 años vive en condiciones de pobreza. Ante la resistencia de las privatizaciones, resulta evidente que la política argentina permite que el Estado Nacional subsidie a empresas ineficientes, cuando esos fondos podrían ahorrarse e implicar menor financiamiento para todos los argentinos o reasignarse a programas de asistencia social».
