El magistrado también requirió información a la Jefatura de Gabinete de ministros, a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y a dos organismos de control, en el inicio de la causa que el jueves impulsó el fiscal federal Ramiro González.
El exmandatario quedó imputado y salió a rechazar la denuncia en su contra al asegurar que era «falsa», que se trata de «una operación» y que durante su mandato no realizó «negocios con nadie».
En la tarde del viernes, el juez Ercolini requirió a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia «los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021» que es el que impulsó la contratación de los servicios de la empresa Nación Seguros para dependencias oficiales.
A la Auditoria General de la Nación (AGN) y a la Sigen se les requirió que remitan copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados a las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional.
En el caso de la jefatura de Gabinete, solicitó que sean remitidas las copias de los informes anuales elevados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en cumplimiento con el artículo 7 del decreto analizado.
A la Auditoria General de la Nación (AGN) y a la Sigen se les requirió que remitan copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados a las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional.
Además, el magistrado libró una orden de presentación a la firma Nación Seguros S.A., para que la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina recoja de allí documentación necesaria para la investigación.
De esa empresa se requerirá una copia de la totalidad de las contrataciones de seguros o convenios celebrados entre el Estado Nacional; como así también de las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021».
Entre otras medidas, el juez también ordenó obtener los registros migratorios durante el período investigado respecto del expresidente Alberto Fernández, su secretaria María Cantero y el extitular de Nación Seguros S.A. Alberto Pagliano, entre otros.
Uno de los imputados de la causa es Héctor Martínez, un bróker que está casado con María Cantero, según la denuncia que dio origen al expediente.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal en el requerimiento de instrucción.
«A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´», publicada por el diario Clarín, reseñó.
