La investigación comenzó hace un año por pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo de Julián Ercolini, siguiendo «la pista de un hombre sospechado de cometer maniobras de explotación económica del ejercicio de la prostitución».
En principio, en el último mes de abril, se llevaron adelante dos operativos, en los que secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo y elementos probatorios, resultando imputada una mujer, se indicó.
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Línea 145 – Para denunciar delitos de trata y explotación
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A partir de las evidencias recogidas en la investigación, se llegó hasta un local del barrio porteño de Liniers, «donde se ofrecían, durante las 24 horas, servicios sexuales a cambio de dinero y que estaban regenteados por la involucrada y su pareja, quienes sometían a las mujeres que se encontraban en situación de prostitución y les retenían más del 50% de sus ganancias«.
El juez federal Ercolini ordenó tres nuevos allanamientos, tanto en ese lugar, como en domicilios de los partidos bonaerenses de Merlo y Lanús.
«Como resultado de los mismos, se identificó y asistió a cinco potenciales víctimas (trabajadoras sexuales), mayores de edad, de nacionalidad argentina. Además, se clausuró el local y se secuestraron celulares y elementos informáticos, anotaciones varias, volantes publicitarios de la actividad y dinero en efectivo», precisaron los investigadores del caso.
Participaron del operativo funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Migraciones y efectivos de Prefectura Naval.
