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Se suman investigaciones por el escándalo de espionaje internacional con el software israelí Pegasus

Reporteros Sin Fronteras reclamó ante las autoridades israelíes. Emmanuel Macron ordenó investigar el hackeo de su teléfono y en Mexico las revelaciones dejaron al expresidente Enrique Peña Nieto bajo la lupa.

El escándalo Pegasus por el espionaje a líderes mundiales, periodistas y activistas sumó este miércoles un nuevo capítulo de reacciones desde Francia, donde el Gobierno ordenó una investigación al hackeo del teléfono del Presidente; México, donde se supo que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto pagó unos 32 millones de dólares por el software, e Israel, donde Reporteros Sin Fronteras (RSF) le pidió a las autoridades que dejen de vender ese software para espiar.

El sofisticado sistema explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes y exporta los datos del usuario -correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones- hacia páginas de internet creadas por la empresa israelí NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas.

La investigación periodística publicada por 17 medios de todo el mundo detectó 50.000 números seleccionados por clientes de NSO desde 2016.

La nómina incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios, según Le Monde, The Guardian, The Washington Post y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias, entre otros, que localizaron buena parte de los posibles espiados en México, Marruecos y Arabia Saudita.

Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su Gobierno, y del rey de Marruecos, Mohamed VI, y su entorno, figuran en una lista de posibles objetivos del software utilizado por algunos Estados para espiar a periodistas.

El diario Le Monde reveló que estos números, entre ellos los del ex primer ministro Edouard Philippe, figuraban “en la lista de los números seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí, usuario del software espía Pegasus, para un eventual pirateo”.

La Fiscalía francesa anunció este miércoles la apertura de una investigación contra Marruecos que abarca diez delitos, entre ellos “violación a la privacidad”, “intercepción de correspondencia”, “acceso fraudulento” a un sistema informático y “asociación de malhechores” y que responde a una denuncia presentada por el portal independiente Mediapart.

El Gobierno de Marruecos rechazó las acusaciones, denunció una “campaña mediática” en su contra y reclamó “pruebas tangibles” sobre su participación en estas actividades.

Por su parte, Macron ordenó la apertura de una investigación sobre el supuesto espionaje del que fue víctima junto a periodistas, miembros de su Gobierno y otros políticos a través del software de fabricación israelí.

En paralelo, la Fiscalía sumó otra investigación después de que varios medios de comunicación revelaran que periodistas de Mediapart, como Lénaïg Bredoux y Edwy Plenel, se encuentran entre los más de 180 periodistas espiados en todo el mundo a través de este software.

Sin embargo, un alto responsable de la empresa israelí de ciberseguridad NSO, Chaim Gelfand, afirmó que Macron “no era un objetivo” del programa Pegasus,

“Hay algunos casos que fueron revelados, lo que nos plantea problemas y vamos a empezar a revisar los hechos”, agregó.

Poco después, el grupo, con sede en Tel-Aviv, dijo ser víctima de una campaña “viciosa y calumniosa”, y anunció en un comunicado que “no respondería a preguntas de medios” sobre el caso Pegasus.

La empresa tiene contratos con 45 países y afirma que el ministerio israelí de Defensa debe aprobarlos.

De la lista de 50.000 números de teléfonos celulares obtenidos por la investigación, unos 15.000 pertenecerían a mexicanos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y unas 50 personas de su entorno, incluido su cardiólogo.

La investigación periodística determinó que sus teléfonos fueron intervenidos entre 2016 y 2017 con Pegasus.

Este miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto compró el software Pegasus por un valor total de 32 millones de dólares.

Desde la Fiscalía General de la República mexicana ya anunciaron que tienen debidamente probado un primer “caso judicializable” de la utilización del equipo Pegasus, indicó el medio local El Financiero.

López Obrador ya adelantó que él no presentará una denuncia aunque destacó: “Estábamos sometidos a un Gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. La política es un imperativo ético, por eso desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y lo que hay de Inteligencia tiene que ver con el combate del crimen, es para proteger a los ciudadanos, no para estar espiando a opositores, periodistas o dirigentes políticos”.

En la lista de mexicanos espiados se destacan Claudia Sheinbau, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente. Incluso aparece un funcionario del gobierno de Peña Nieto, el entonces comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.

Hasta ahora todos los ojos están puestos en quiénes habrían sido los que utilizaron el software de espionaje; pero Reporteros sin Fronteras (RSF) le pidió al Gobierno israelí que frene su exportación.

“Hacemos un llamado al primer ministro (israelí) Naftali Bennett para que imponga inmediatamente una moratoria a la exportación de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco normativo de protección”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire, en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.

Sin embargo, Bennett, quien hizo su fortuna en el sector tecnológico antes de entrar en política, defendió hoy en una conferencia sobre cibertecnología en Tel Aviv, este floreciente sector israelí.

La firma israelí NSO, creada en 2011, fue acusada de colaborar con Gobiernos, sobre todo desde que en 2016 Ahmed Mansoor, un opositor de Emiratos Árabes Unidos, denunció estas prácticas, pero la empresa rechazó las versiones, que atribuyó a “suposiciones erróneas y teorías no corroboradas”.

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