Por pedido del diputado del PRO Álvaro González, la auditoría general de la Nación deberá detallar cada uno de los salarios de los tres poderes del Estado, incluyendo empresas públicas, Bancos oficiales y organismos descentralizados.
La solicitud fue presentada por González este martes en la reunión de la comisión bicameral mixta revisora de cuentas, encargada de aprobar y digitar cada actividad de la Auditoría General de la Nación, un organismo de control presidido por la oposición de turno pero con un directorio dominado por el oficialismo.
La preside el senador del Frente de Todos Juan Mario País, quien aceptó girar la nota del diputado, pero la amplió además a un planteo para auditar el Poder Judicial, en medio de un escándalo por fiscales federales que confesaron haber trabajado desde Estados Unidos, con un sueldo aproximado de 700 mil pesos mensuales.
“Una de las tareas que tiene pendiente la AGN es coordinar la auditoría del poder judicial con las especificaciones que prevé la ley de administración financiera y la propia Constitución Nacional. El sector público tiene que ser todo controlado”, sostuvo País.
Y tuvo un inesperado respaldo de la diputada Paula Olivetto, de la Coalición Cívica. “Cuando era auditora general de la Ciudad, tuvimos esa discusión y finalmente pudimos auditarlo”, rememoró las peleas de su jefa Elisa Carrió con Daniel Angelici. Pais propuso armarle una subcomisión entre ambos y un miembro de Cambiemos a definir.
La lupa en los gastos del Estado en su conjunto llegó después de un aumento del 40% otorgado por Cristina Kirchner y Sergio Massa a los empleados, que debería ser proporcional al próximo aumento de los legisladores. Ese enganche está congelado desde diciembre de 2019 pero la diputada Fernanda Vallejos, cercana a Máximo Kirchner, defendió un aumento. “Los salarios dan vergüenza”, se excusó.
El planteo de González derivo en un reclamo común de legisladores de todos los bloques por lo que consideran son salarios demasiado bajos.
Los diputados ganan 178 mil pesos mensuales, según un recibo exhibido por el oficialista Marcelo Casaretto, con un descuento de 30 mil pesos por el impuesto a las Ganancias.
De hecho, de seguir con los haberes congelados podrían quedar eximidos de ese impuesto, que con la ley sancionada en abril no grava a ingresos menores de 150 mil pesos mensuales, un monto actualizable cada año por la evolución del Índice de precios al consumidor (IPC).
Los viáticos también reducidos o ajustados en los últimos años, con un control más estricto de los pasajes aéreos y terrestres dispuestos por los ex presidentes de las Cámaras Emilio Monzó y Gabriela Michetti.
Antes se podían canjear por dinero y eran una especie de sobresueldo, sobre todo para quienes vivían cerca del Congreso y no tenían posibilidades de viajar. Los gastos de representación también decayeron y muchos legisladores prefieren alojarse habitaciones de hoteles para no alquilar departamentos.
“Quiero que hagan un exhaustivo análisis de los salarios del sector público en todas sus dimensiones: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas descentralizadas, bancos y demás yerbas. para tener una visión del contexto general, y no que estos animalitos, que son los diputados y los senadores, sean los que les quedan bien todas las pulgas”, desafió González.
“Ganamos menos que un prosecretario de Diputados”, se burló Pais. Justamente, el enganche salarial que funcionaba antes del congelamiento fijaba las dietas de los legisladores un porcentaje mínimo por encima de los empleados de mayor jerarquía, que ahora ganan más.
“Hemos aprobado pliegos de jueces, embajadores. Y ganamos menos que ellos”, se lamentó José Mayans, jefe del oficialismo en el Senado. Lo cierto es que los salarios de los funcionarios del Estado podrían desentrañar algunos puestos privilegiados, como en organismos descentralizados que no suelen ser tomados en cuenta.
Ningún diputado o senador de Cambiemos renunció un posible incremento en sus haberes y la interna del frente le bajó el pulgar a Patricia Bullrich, quien en 2020 ejerció presión para que se reduzcan hasta un 30% de sus ingresos por la pandemia.
González, uno de los legisladores más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, pidió comparar sus haberes con el del resto de los funcionarios del Estado y giró la nota que giró a la Auditoría también fue enviada a la oficina de presupuesto del Congreso, la OPC, a través del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto Luciano Laspina, también del PRO.
La reunión de la bicameral mixta no terminó ahí. Pais informó correcciones al programa de acción anual de la auditoría, que recién este año podrá inspeccionar los gastos de Alberto Fernández, porque estudia lo actuado por los gobiernos.
González pidió 24 horas para definir una postura, pero reclamó, en otra nota, auditar los gastos sobre programas de Covid como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), programa de Asistencia de Emergencia la Trabajo y la Producción (ATP), plan de vacunación en el contexto de la pandemia COVID-19 y otros gastos aledaños. Pronto llegarán.
