“Los hechos objeto de la causa de marras no constituyen delito”, concluyó Casanello en la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los apoderados de Socma denunciaron “la presunta comisión de una serie de irregularidades en el marco del proceso concursal iniciado respecto de la firma
Correo Argentino S.A., en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 6 a cargo de la Dra. Marta G. Cirulli”.
Esto, a su entender, se encuadraba en “los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático”.
“Puntualmente se denunció una supuesta connivencia entre miembrosde la justicia, organismos del Estado y el poder político -entre ellos la Sra. Fiscal del caso, Dra. Graciela Boquín, el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini, y el entonces titular de la I.G.J, Dr. Ricardo Nissen– para requerir la quiebra judicial de la empresa y la extensión a sus accionistas, trayendo como consecuencia el desapoderamiento ilegítimo de sus bienes”, recordó el juez sobre la denuncia.
Casanello resolvió el archivo en consonancia con un dictamen fiscal que descartó la comisión de delitos.
“El desempeño de los actores involucrados en las cuestiones suscitadas, se dio en el ámbito del ejercicio de sus respectivos roles en el proceso concursal -como ser las peticiones de la Fiscal General y el Procurador del Tesoro de la Nación-, del mismo modo que la denunciante se agravia de las decisiones jurisdiccionales que se tomaron como resultado de ello”, explicó el magistrado.
Por ello, “ante esa ausencia de posibles conductas ilícitas por parte defuncionarios públicos, no corresponde a este fuero criminal federal emitir opinión ni ejercer jurisdicción en asuntos que exceden su competencia”, concluyó el juez.
