El Gobierno nacional prorrogó por 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dispuesta el 21 de diciembre de 2019. Lo hizo a través de un decreto que fue publicado el viernes, en el que ratificó al frente del organismo a Cristina Caamaño.
La medida, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de gabinete Santiago Cafiero, destaca la puesta en funcionamiento de “mecanismos de transparencia en el manejo de recursos” e instruye a “profundizar las reformas” implementadas por Caamaño, cuyo pliego para ser nombrada como directora general de la AFI fue enviando el 22 de junio de 2020 a la Cámara Alta.
”Las modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, señala el decreto 359/2021.
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Entre los fundamentos, el Gobierno destaca que durante la intervención se redujeron las partidas confidenciales “al mínimo indispensable”. Además, remarca la puesta en práctica de un programa responsable de rendición de cuentas. “Lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”, sostiene el texto oficial.
También se refiere al proceso de puesta en funcionamiento de un mecanismo tendiente a enmarcar las actividades de los organismos de inteligencia en las prescripciones de la Ley de Protección de Datos Personales. “Así como la de centralizar sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia”, subraya el decreto firmado por el mandatario.
Por otra parte, además, remarca que la prórroga de la intervención permitirá “robustecer la excepcional tarea llevada a cabo en conjunto con organismos de derechos humanos”, más otras dependencias públicas. El objetivo, según señala, es “proteger y sistematizar los archivos obrantes en la AFI referidos al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado argentino”.
En ese punto, la norma apunta a la sistematización y difusión pública de los archivos secretos de la exSIDE y de otros organismos de inteligencia durante la dictadura es como un “un histórico reclamo de las víctimas, sobrevivientes, organismos de DDHH y la sociedad en su conjunto”.
Además, entre los considerandos, se cuestiona duramente los efectos producidos por un decreto anterior vinculado a la acción de inteligencia: el 656 de 2016, firmado por el expresidente Mauricio Macri y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, que establecía un nuevo Estatuto para el personal de la AFI, lo que fue revertido por la intervención. ”Implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI”, cuestiona.
