El Gobierno activó seis artículos del Código Procesal Penal que podrían beneficiar a ex funcionarios condenados por corrupción ya que permiten revisar condenas firmes aún cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema y establece que las sentencias solo quedan firmes con un fallo del máximo tribunal.
El Poder Ejecutivo oficializó la decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal que dictaminó la operatividad de los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, que serán implementados en “los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional y en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal”. Regirán desde el lunes próximo.
A excepción de Salta y Jujuy, el nuevo Código Procesal Penal Federal, que fue aprobado en 2014 en el Congreso, todavía no entró en vigencia en su totalidad, aunque el Gobierno fue activando distintos artículos del texto.
Entre los nuevos artículos se destaca uno que “habilita la revisión de una sentencia firme en favor del condenado toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”. Además, podrá disponerse la libertad provisional del condenado durante el procedimiento de revisión.
Por otra parte, los cambios implican que a partir de ahora una condena se considera firme una vez que se expide la Corte Suprema y no cuando la Cámara de Casación rechaza todos los recursos como ocurre hasta ahora. Es decir que la condena recién podría ser ejecutada cuando se expida la Corte lo que en algunos casos podría derivar en demoras extra en las causas.
El texto lleva la firma de los legisladores Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mario Mirabella, María Inés Patricia Elizabeth Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Lucas Javier Godoy, Carlos Ramiro Gutiérrez, Martín Ignacio Soria y Marisa Lourdes Uceda, integrantes de la comisión bicameral.
