El legislador denunció también, por el mismo tipo de delito, a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial de Cambiemos, Fátima Micheo, y a quienes “aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian”, según la presentación a la que accedió Télam.
El denunciante señaló que de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por ambos exfuncionarios ante la Oficina Anticorrupción (OA) “puede apreciarse que durante la función pública éstos aparentemente se han enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, en relación con sus ingresos legítimos demostrados”.
El período de tiempo enfocado en la denuncia es el que transcurrió mientras los denunciados ejercieron cargos públicos a nivel nacional, es decir entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
“De Andreis comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de pesos dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y siete ($2.258.147) y se retiró de la actividad a fines del año 2019 declarando un patrimonio neto de trece millones ciento cuarenta y nueve mil ciento noventa ($13.149.190), resultante de un activo $20.998.923,92 y un pasivo de $ 7.849.733,62”, sostuvo Tailhade.
El diputado denunciante señaló que de la propia declaración jurada del exsecretario General de la Presidencia “se pueden apreciar inconsistencias como así también actos que dan cuenta de un incremento patrimonial que no tiene justificación con los ingresos declarados”.
Como ejemplo, señaló que De Andreis “Declara en el año 2015 que contaba con u$s 8.000 (dólares ocho mil) y en el 2019 informa que poseía u$s 19.000 (dólares diecinueve mil) los cuales en esta oportunidad denuncia que habían ingresado a su patrimonio en diciembre de 1969”, siete años antes de su nacimiento.
“Lo curioso, además de la fecha de ingreso, es que entre 2015 y 2019 su capital en dólares creció en dólares once mil (u$s11.000) y no justifica dicho aumento”, detalló Tailhade.
Otro de los hechos señalados por el denunciante es que en 2015 De Andreis declaró que tenía acciones en Boizo Investment SA y que las mismas las ingresó al patrimonio del año 2008 y en su declaración del año 2019 informa que las ingresó en julio de 2014.
“Por si ello no fuera poco para requerir su investigación, debe considerarse que el denunciado tampoco acredita la legitimidad de los fondos para adquirir las acciones de dicha sociedad. Es claro que la sociedad denunciada es un instrumento del funcionario para disimular el incremento patrimonial por lo que también deberá ser investigada”, sostuvo Tailhade entre otras irregularidades denunciadas.
En el caso de Micheo, se señaló que quien “tenía a su cargo la Subsecretaria de Comunicación presidencial, una dependencia que reportaba a De Andreis y que controlaba desde el discurso público del expresidente (Mauricio Marci) hasta la estética utilizada en cada puesta en escena” y que cuando ingresó al cargo contaba con un patrimonio de pesos ciento cincuenta y seis mil ochocientos treinta y siete ($156.837); mientras que “en diciembre de 2019 declaró un patrimonio neto de pesos tres millones ochocientos noventa y un mil setecientos setenta y seis – $3.891.776-, producto de activos por $ 6.199.517,84 y pasivos por $ 2.307.741,79”.
La denuncia cayó en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastian Casanello, y de ser impulsada por el fiscal Jorge Di Lello le generará a los exfuncionarios tener que justificar cómo se produjo el crecimiento de sus respectivos patrimonios.
