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CORRUPCION

Causa “FAPPO”: el Equipo Fiscal Especial interpondrá recurso de casación contra las resoluciones de la Cámara Tercera

Miguel Ángel Vilte, Carlos Rubén David Osuna y César Orlando Zibecchi están poniendo palos en la rueda en el juicio más esperado en el Chaco por un hecho de corrupción grave en un Gobierno.

Este miércoles la Cámara Tercera en lo Criminal decidió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta este jueves 3 de diciembre el juicio de la causa FAPPO a fin de resolver la solicitud del Equipo Fiscal Especial de suspender el inicio del debate en el expediente Nº 6309/2018-1: “REY, HÉCTOR HORACIO; BUTTICE, PAULO ANDRÉS; KATAVICH, GUSTAVO ALEJANDRO; FERNÁNDEZ, SUSANA BEATRIZ; FERNÁNDEZ, ISMAEL ÁNGEL S/ VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN CONCURSO” hasta tanto la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resuelva los recursos de casación que interpondrá el Equipo Fiscal por el beneficio otorgado varios imputados de delitos graves y que entiende “debe estar presente el Juicio para determinar su responsabilidad”.

El Equipo Fiscal Especial interpondrá recurso de casación contra las resoluciones de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional que concedió la suspensión del juicio a prueba a los imputados Miguel Ángel Vilte, Carlos Rubén David Osuna y César Orlando Zibecchi, por considerar que “no les corresponde la aplicación de ese instituto, como ya lo había adelantado en su vista negativa para el otorgamiento del mismo”.

Ante ese panorama, el Equipo Fiscal Especial solicitó al Tribunal que suspenda el inicio del debate hasta tanto la Sala Penal del STJ resuelva los recursos de casación, al considerar que de iniciarse el debate sin encontrarse resuelta la situación procesal de los imputados Vilte, Osuna y Zibecchi, el juicio podría devenir nulo en el futuro, ya que no resulta posible debatir respecto de los hechos atribuidos a Héctor Horacio Rey, Gustavo Alejandro Katavich, Paulo Andrés Buttice e Ismael Ángel Fernández sin analizar los atribuidos a Vilte, Osuna, Zibecchi y Aguirre, ya que el Ministerio Público considera que “todos ellos conformaban una asociación ilícita y que las pruebas que serán merituadas en juicio para unos son también prueba de cargo contra los demás”.

Ante esta coyuntura el Equipo Fiscal especial aclaró que “si bien es intención y deseo de sus integrantes que el juicio comience lo antes posible y avanzar hacia la resolución definitiva de la investigación que comenzó en marzo de 2018, no pueden permitir que el mismo se desarrolle en forma irregular y en condiciones que podrían determinar su futura nulidad llevando a un escándalo Jurídico en posible beneficio de los acusados,  ni que el mismo sea violatorio de la garantía de defensa en juicio y debido proceso de los imputados que esperan resolución respecto de su situación procesal”.

Consideró también el Ministerio Público que “de realizarse el juicio por los imputados Rey, Katavich y Buttice, dependiendo de lo que resuelva el STJ podría necesitarse la realización de un segundo juicio por los imputados Vilte, Osuna, Zibecchi y Aguirre, el que indefectiblemente estaría condicionado por el primero -ya resuelto- en el cual los últimos no pudieron ejercer su defensa”.

¿Qué dicen los abogados?

Los abogados defensores Nicolás Yagueddú Ginesta -por María Laura Aguirre– y Nelson Ramón Pessoa -por Héctor Horacio Rey– coincidieron con la solicitud del Equipo Fiscal de que se suspenda el inicio del debate hasta que se resuelvan los recursos de casación, considerando que la realización del juicio en ausencia de algunos de los imputados y sin encontrarse resuelta su situación procesal afectaría su derecho de defensa y debido proceso y constituiría un “prejuicio” en el sentido técnico y no peyorativo de la palabra, es decir un juicio previo.

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En contra de la solicitud del Equipo Fiscal se expresaron los abogados Silvio Marcelo Valoriani -defensor de Paulo Andrés Buttice– y Juan Carlos Saife -defensor de Gustavo Alejandro Katavich-, quienes consideraron que la posible demora en la resolución de los recursos de casación afectaría a sus defendidos que se encuentran privados de su libertad -actualmente con prisión domiciliaria- y que esperan la conclusión de la causa a la brevedad.

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