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La polícia del régimen de Daniel Ortega ocupó por la fuerza una alcaldía opositora en Nicaragua

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El opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunció este viernes la ocupación por la fuerza de una de las alcaldías que administra en el Caribe de Nicaragua por parte de la Policía Nacional.

El directivo nacional del PLC, Jorge Irías, dijo a periodistas que agentes policiales, en compañía de civiles armados, ocuparon por la fuerza la alcaldía del municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), y requisan computadoras, discos duros y hasta teléfonos móviles de los trabajadores.

“Nuestro alcalde Apolonio Fargas ha sido amenazado constantemente y abiertamente por los sandinistas de que no lo iban a dejar tranquilo. Los mensajes es que quienes iban a gobernar (en ese municipio) eran ellos”, señaló el dirigente opositor.

El directivo del PLC explicó que al alcalde Fargas, que estuvo detenido 11 meses en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, se encuentra resguardado en una casa de seguridad, debido a las amenazas de muerte que ha recibido, y al momento de la ocupación policial de la Alcaldía no se encontraba en el lugar.

En un comunicado, ese colectivo denunció que la residencia del alcalde Fargas también fue “invadida violentamente por la Policía, sin una orden judicial”.

El PLC responsabilizó al Gobierno del presidente Daniel Ortega por “la integridad física y jurídica de todos los trabajadores de la Alcaldía de Mulukukú”, como de sus familias. La Policía Nacional aún no se ha referido a esa denuncia.

Hace un año, la Policía detuvo a ese alcalde opositor y lo señaló de pertenecer a un grupo “terrorista” que atacó una delegación policial en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega.

Apolonio Fargas -de camisa morada- y dos de sus colaboradores, cuando se los llevan detenidos policías del régimen de Daniel Ortega

Apolonio Fargas -de camisa morada- y dos de sus colaboradores, cuando se los llevan detenidos policías del régimen de Daniel Ortega

Fargas fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo, asesinato, secuestro, robo con intimidación, y lesiones gravísimas contra cinco oficiales de la Policía, pero liberado en mayo pasado bajo una polémica Ley de Amnistía.

Según la Policía, el alcalde opositor es uno de los autores intelectuales y materiales del ataque a la delegación policial de la comunidad Sislao Paraska-Pueblo Nuevo, en Mulukukú, que está a 247 kilómetros al noreste de Managua, ocurrida el 11 de junio de 2018 y en la que murieron tres policías y un civil.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un balance de entre 328 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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Sebastian Piñera, el peor presidente de los últimos 30 años en Chile

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Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos de Chile, la aprobación del presidente Sebastián Piñera, cayó a un 6%, la peor evaluación de un mandatario chileno desde el retorno de la democracia en 1990.

El estallido de la crisis del 17 de octubre pasado le pasó factura a la popularidad del primer mandatario, de cada 100 ciudadanos, solo seis están de acuerdo con su gestión y 82 la desaprueban, según los datos arrojados por la encuesta.

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China alcanza su nivel más bajo de natalidad en toda su historia

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Aunque suena improbable pensando en la dimensión demográfica de un país como China, las autoridades están preocupadas ante el inminente envejecimiento de la población de ese país, pese a que hace tres años fue eliminada la política de un solo hijo.

Este viernes, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) hizo públicas las cifras de natalidad. En 2019 los nacimientos descendieron por tercer año consecutivo y alcanzaron el nivel más bajo desde la fundación de la República Popular China hace siete décadas.

Los datos de la ONE reflejan que el año pasado nacieron en China 14,6 millones de bebés, es decir medio millón menos que en 2018 y 1,5 millones menos que en 2017. Las estadísticas revelan que no nacían tan pocos niños desde 1961.

La tasa de natalidad del gigante asiático se sitúa entonces en 10,48 por mil habitantes, más alta que la de Japón (7,39 por mil) o Corea del Sur, pero más baja que la de Estados Unidos (11,97 por mil) y muy por debajo de la media mundial, de 18,65 en 2017.

Aunque la nación asiática sigue siendo el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes, las cifras indican sin embargo un vertiginoso ritmo de envejecimiento.

Las causas por las cuales la sociedad china envejezca tan velozmente tiene dos vertientes fundamentales: el aumento de la esperanza de vida, que se ubica en 76 años y también por la política del hijo único que se había impuesto en 1979.

Y aunque ahora el Gobierno de China busca vías para estimular la natalidad, ocurre lo que en la mayoría de los “países desarrollados”, la población no quiere tener tantos hijos. Todo parece indicar que aumenta la proporción de divorcios y disminuye drásticamente el número de casamientos o lo hacen cada vez más tarde.

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Paraguay confirmó la primera muerte por dengue del año

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El Gobierno de Paraguay confirmó hoy la primera muerte por dengue de este año y anunció que se están evaluando otros diez casos de personas que murieron con síntomas de la enfermedad.

Guillermo Sequera, titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, precisó que se trata de un hombre de 68 años residente en la localidad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central, y que el deceso ocurrió en un hospital público.

Asimismo, detalló que ese caso estaba dentro de otros 14 “certificados de fallecimientos con síntomas de dengue”, de los cuales tres fueron descartados y otros diez están siendo evaluados para verificar si efectivamente fueron a causa de la enfermedad.

Según las declaraciones del funcionario, el promedio semanal de casos sospechosos de dengue es de más de 3.000, de los cuales el 76% proceden de Asunción, de su área metropolitana y del departamento Central, las zonas más pobladas del país.

En tanto, el ministro de Salud paraguayo, Julio Mazzoleni, anunció la interrupción de las vacaciones de verano a partir del 1 de febrero del personal sanitario de los centros públicos para hacer frente a las necesidades de la población.

El titular de la cartera sanitaria descartó declarar una “emergencia nacional por dengue” y aseguró que el protocolo de asistencia “no está rebasado”, además destacó que se procedió a contratar a 700 personas, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo, consignó un despacho de la agencia EFE.

Además de campañas de concientización para que la población se sume a la limpieza de baldíos, cuya acumulación de basura propicia los criaderos del mosquito transmisor, el gobierno lleva a a cabo operativos de fumigación.

El jueves pasado la Fiscalía anunció la aplicación de multas y de causas penales de hasta cinco años de cárcel para quienes incumplan normativas relativas a la limpieza de baldíos, además recordó que una resolución del Ministerio del Ambiente dispone la obligatoriedad de proceder a la limpieza en el área municipal declarada en epidemia y que en caso contrario el propietario, poseedor u ocupante puede ser considerado “difusor del brote”.

En 2019, Paraguay registró más de 10.000 casos confirmados de dengue, de los cuales 9 fueron fatales.

La peor epidemia fue la de 2013, con 150.000 casos y 252 muertos en un país de casi siete millones de habitantes.

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