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La Amazonia sin ley de Bolsonaro

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Los incendios son habituales en esta época en la selva, pero la flexibilización de los controles ambientales con la llegada del actual Gobierno ha acelerado la pérdida de vegetación

Los 12 millones de habitantes de São Paulo siempre han convivido con el mal tiempo. Pero el pasado lunes las nubes oscurecieron el cielo y se hizo de noche a las tres de la tarde. Poco después, los paulistas se enteraron de que, además de la lluvia, había humo. Lo suficiente para generar un efecto óptico que dejaba el cielo casi negro. Humo de la Amazonia, de los incendios que se extienden por áreas selváticas de cinco Estados brasileños y que, según los expertos y ambientalistas, son el resultado de una deforestación que se acelera bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro. El presidente ha flexibilizado los controles ambientales, como había prometido, y sopesa permitir la extracción minera en tierras indígenas. Mientras, varios miembros de su Gabinete, como el ministro de Exteriores, Ernesto Araujo, cuestionan el calentamiento global.

A 3.000 kilómetros hacia el norte, en Rondônia, el territorio indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau arde. “Lo estamos denunciando desde enero”, cuenta Ivaneide Bandeira, de la ONG Kanindé Asociación de Defensa Etnoambiental. El humo que sale de la reserva indígena, en teoría protegida por el Gobierno federal, viaja 400 kilómetros y llega con fuerza a Porto Velho, capital de Rondônia, donde vive la activista. En imágenes difundidas en las redes sociales se ve una espesa niebla, que hace que apenas se pueda respirar. Los centros de salud están abarrotados. “En mi barrio la sensación es de que el mundo se está cayendo sobre nosotros“, cuenta por teléfono.

Los incendios son habituales en esta época de sequía en la región y no siempre son ilegales. No obstante, los datos indican que las autoridades han perdido el control sobre la situación y que el país vive la mayor oleada de incendios de los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). Entre el 1 de enero y el 22 de agosto se han registrado 76.720 focos de incendio, un 85% más que en el mismo periodo de 2018. Los satélites muestran que más del 80% del territorio devorado por las llamas está en la Amazonia.

Los mismos satélites que utiliza el INPE indicaron que la deforestación aumentó un 34% en mayo, un 88% en junio y un 212% en julio con respecto a esos mismos meses de 2018. Bolsonaro criticó a la institución y sus números en un encuentro con corresponsales. El físico Ricardo Galvão, que dirigía el INPE, contradijo públicamente al presidente y fue destituido. Desde entonces la Amazonia está en el punto de mira internacional.

“Brasil era un villano ambiental. Pero desde que empezamos a reducir la deforestación nos convertimos en líderes en la agenda ambiental global. Ahora volvimos a una situación incluso peor a la que teníamos en la década de los ochenta”, argumenta la exministra y excandidata presidencial Marina Silva. Ahora prepara con otros exministros y miembros de la sociedad civil una carta al Congreso brasileño pidiendo que se suspendan los proyectos que reducen las normas ambientales. También quieren crear una comisión para debatir políticas públicas que hagan frente a la crisis ambiental. “Desafortunadamente, lo que está pasando se debe a las políticas desastrosas e irresponsables del Gobierno de Bolsonaro, que no tiene la competencia para gestionar esta situación”, afirma.

“No todos los incendios están relacionados con la deforestación, pero los satélites indican un aumento sustancial de los fuegos. Son consecuencia básicamente de las políticas del nuevo Gobierno, que incentiva la ocupación ilegal de tierras en la Amazonia y, como consecuencia, los incendios ilegales”, explica Paulo Artaxo, profesor de Física de la Universidad de São Paulo (USP).

El experto, que formó parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, explica que todavía hace falta hacer una comparación más detallada entre las áreas deforestadas y las destruidas por el fuego. Pero los expertos dan por hecho que el aumento de los dos fenómenos está relacionado.

Una investigación de la web InfoAmazonia con datos públicos indica que, entre los 10 municipios con más incendios, siete están entre los que también más sufrieron con una deforestación anterior. Un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM) llega a la misma conclusión.

Las principales instituciones del Ministerio del Medio Ambiente son el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables), responsable de la fiscalización y preservación de áreas naturales, y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), organismo responsable de la creación de áreas de conservación. Bolsonaro ha puesto en marcha una serie de cambios que restan competencias a esos organismos que, según denuncian ambientalistas y un inédito frente de ocho exministros, están desmantelando la política ambiental brasileña. “Siempre ha habido deforestación, pero ahora la promueve el ministro, que desmanteló la gobernanza ambiental”, explica la excandidata Silva.

Recortes del presupuesto

Los recortes presupuestarios también han hecho mella. La prevención y el control de incendios han perdido un 38,4% de su presupuesto; la partida para la concesión de licencias ambientales es un 42% menor; y la agenda climática, un 95%. “Cerca de Porto Velho veo a bomberos controlando los incendios. Pero los organismos no llevan los medios suficientes para frenar la invasión del territorio indígena”, explica la activista Ivaneide Bandeira.

Parte de los focos se producen en áreas privadas que se expanden hacia la reserva natural que todas las propiedades están obligadas a mantener. Otra parte se produce en áreas públicas protegidas y en territorios indígenas protegidos que siempre han estado amenazados por invasores, madereros y granjeros que quieren arrendar la tierra fuera de la ley. Hay áreas ricas en minerales como oro y árboles centenarios en riesgo de extinción. Y, sobre todo, un espacio enorme que puede convertirse en pasto para el ganado. En todos esos casos hace falta abrir el terreno. Y siempre se hace con fuego.

Ivar Busatto es coordinador de la ONG Operación Amazonia Nativa en Mato Grosso, uno de los territorios que más sufren con la sequía —no llueve desde hace 90 días— y que fueron golpeados por los incendios. Su organización ha contabilizado 24 focos en nueve comunidades indígenas. “Vivo aquí desde hace 48 años y siempre ha habido fuego”, explica.

Su región vive del negocio agrícola y produce parte de la soja, del maíz y del algodón que Brasil exporta. La vegetación nativa ya no existe. El fuego sirve para limpiar los campos o para que los granjeros se expandan, legal o ilegalmente hacia territorios protegidos. La sequía es severa, con previsión de lluvia solo a partir de finales de septiembre. En ese período está prohibido por ley utilizar el fuego para cualquier actividad.

La comunidad internacional ha empezado a movilizarse. La Francia de Emmanuel Macron ha amenazado con romper el acuerdo entre Mercosur y la UE después de un duro mensaje del mandatario francés en Twitter reclamando una solución y llevando el debate sobre la Amazonia al G7. “En mi gestión nadie decía que la Amazonia estaba fuera de control. Cuando hay gobernanza interior, no tienes que preocuparte por las críticas de otros países”, apunta Silva.

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Sebastian Piñera, el peor presidente de los últimos 30 años en Chile

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Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos de Chile, la aprobación del presidente Sebastián Piñera, cayó a un 6%, la peor evaluación de un mandatario chileno desde el retorno de la democracia en 1990.

El estallido de la crisis del 17 de octubre pasado le pasó factura a la popularidad del primer mandatario, de cada 100 ciudadanos, solo seis están de acuerdo con su gestión y 82 la desaprueban, según los datos arrojados por la encuesta.

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China alcanza su nivel más bajo de natalidad en toda su historia

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Aunque suena improbable pensando en la dimensión demográfica de un país como China, las autoridades están preocupadas ante el inminente envejecimiento de la población de ese país, pese a que hace tres años fue eliminada la política de un solo hijo.

Este viernes, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) hizo públicas las cifras de natalidad. En 2019 los nacimientos descendieron por tercer año consecutivo y alcanzaron el nivel más bajo desde la fundación de la República Popular China hace siete décadas.

Los datos de la ONE reflejan que el año pasado nacieron en China 14,6 millones de bebés, es decir medio millón menos que en 2018 y 1,5 millones menos que en 2017. Las estadísticas revelan que no nacían tan pocos niños desde 1961.

La tasa de natalidad del gigante asiático se sitúa entonces en 10,48 por mil habitantes, más alta que la de Japón (7,39 por mil) o Corea del Sur, pero más baja que la de Estados Unidos (11,97 por mil) y muy por debajo de la media mundial, de 18,65 en 2017.

Aunque la nación asiática sigue siendo el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes, las cifras indican sin embargo un vertiginoso ritmo de envejecimiento.

Las causas por las cuales la sociedad china envejezca tan velozmente tiene dos vertientes fundamentales: el aumento de la esperanza de vida, que se ubica en 76 años y también por la política del hijo único que se había impuesto en 1979.

Y aunque ahora el Gobierno de China busca vías para estimular la natalidad, ocurre lo que en la mayoría de los “países desarrollados”, la población no quiere tener tantos hijos. Todo parece indicar que aumenta la proporción de divorcios y disminuye drásticamente el número de casamientos o lo hacen cada vez más tarde.

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Paraguay confirmó la primera muerte por dengue del año

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El Gobierno de Paraguay confirmó hoy la primera muerte por dengue de este año y anunció que se están evaluando otros diez casos de personas que murieron con síntomas de la enfermedad.

Guillermo Sequera, titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, precisó que se trata de un hombre de 68 años residente en la localidad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central, y que el deceso ocurrió en un hospital público.

Asimismo, detalló que ese caso estaba dentro de otros 14 “certificados de fallecimientos con síntomas de dengue”, de los cuales tres fueron descartados y otros diez están siendo evaluados para verificar si efectivamente fueron a causa de la enfermedad.

Según las declaraciones del funcionario, el promedio semanal de casos sospechosos de dengue es de más de 3.000, de los cuales el 76% proceden de Asunción, de su área metropolitana y del departamento Central, las zonas más pobladas del país.

En tanto, el ministro de Salud paraguayo, Julio Mazzoleni, anunció la interrupción de las vacaciones de verano a partir del 1 de febrero del personal sanitario de los centros públicos para hacer frente a las necesidades de la población.

El titular de la cartera sanitaria descartó declarar una “emergencia nacional por dengue” y aseguró que el protocolo de asistencia “no está rebasado”, además destacó que se procedió a contratar a 700 personas, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo, consignó un despacho de la agencia EFE.

Además de campañas de concientización para que la población se sume a la limpieza de baldíos, cuya acumulación de basura propicia los criaderos del mosquito transmisor, el gobierno lleva a a cabo operativos de fumigación.

El jueves pasado la Fiscalía anunció la aplicación de multas y de causas penales de hasta cinco años de cárcel para quienes incumplan normativas relativas a la limpieza de baldíos, además recordó que una resolución del Ministerio del Ambiente dispone la obligatoriedad de proceder a la limpieza en el área municipal declarada en epidemia y que en caso contrario el propietario, poseedor u ocupante puede ser considerado “difusor del brote”.

En 2019, Paraguay registró más de 10.000 casos confirmados de dengue, de los cuales 9 fueron fatales.

La peor epidemia fue la de 2013, con 150.000 casos y 252 muertos en un país de casi siete millones de habitantes.

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