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Politica

Gutiérrez recorrió Agronea 2019 junto a candidatos

Grupo CLAN

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Una nueva edición de Agronea se desarrolla durante este fin de semana en Charata y, como cada año, el diputado Livio Gutiérrez recorrió la misma. En esta oportunidad, estuvo acompañando la visita del candidato a vicegobernador por Chaco Somos Todos, Roy Nikisch, y el candidato a intendente local, Rubén Rach.

Mediante la Resolución Nº 175, a solicitud del diputado radical, la Cámara de Diputados del Chaco declaró de interés provincial, legislativo y productivo la 16º edición de Agronea 2019.

Luego de la recorrida por el predio y charla mediante con diferentes expositores y productores, Gutiérrez mencionó que “el sector productivo está en marcha después de cuatro años que le sacaron la presión al productor”.

 

“Argentina creció y volvimos a ser récord de cosechas; hubo aumento de exportaciones de carnes y nuevos mercados. Gracias a eso el campo ha crecido en los últimos tiempos y hemos tenido récord de siembra de trigo, de maíz, pero lamentablemente existen quienes nos quieren hacer volver al pasado; nosotros estamos para seguir creciendo”, remarcó.

A su vez, en relación a las declaraciones del diputado nacional Felipe Solá, que sugirió esta semana un posible regreso de la Junta Nacional de Granos, Livio Gutiérrez critico enfáticamente las políticas kirchneristas.

Politica

El Gobierno derogó un nuevo protocolo de Patricia Bullrich: los efectivos de la PSA no podrán usar sus armas las 24 horas

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El gobierno nacional tomó una nueva decisión que va contra las medidas que en su momento había implementado la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. El flamante titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, dispuso volver a la reglamentación originaria de esa fuerza de seguridad federal y “dejar sin efecto la reglamentación que obligaba a los efectivos a portar el arma reglamentaria durante las 24 horas”. La PSA es la única fuerza federal que desde su creación no está obligada a hacerlo cuando el personal está fuera de servicio.

Desde que la administración anterior dispuso la utilización del arma reglamentaria las 24 horas, murieron más policías fuera de servicio que en cumplimiento de él”, le aseguró a Infobae Glinski, ex ministro de Seguridad de Chubut.

La decisión del funcionario fue acordada con su jefa política, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Andrea Frederic, y se basa en los siguientes datos:

-Desde marzo de 2019, momento en que comenzó la obligatoriedad de portar arma las 24 horas –dispuesto por Bullrich–, y hasta la fecha, tres agentes de la fuerza se suicidaron con el arma provista por la PSA.

-El hijo de un integrante de la fuerza se suicidó con el arma reglamentaria de su padre.

Tres agentes fueron detenidos durante la comisión de un delito con el armamento oficial en horas en las que no cumplían servicio.

Una persona murió durante una discusión en una autopista por una bala disparada con el arma reglamentaria por otro policía integrante de esa fuerza de seguridad federal.

Otros siete efectivos han denunciado la pérdida del arma estando fuera del horario de servicio.

(psa.gob.ar)

(psa.gob.ar)

Glinski explicó que en los aeropuertos de todo el país hay una sala de armas donde los efectivos deben dejar el armamento y retirarse sin él del lugar en el que prestan funciones.

La PSA no es una fuerza de seguridad urbana que patrulla las calles y los barrios, como sí lo hacen además de las policías locales y por ejemplo la bonaerense, Gendarmería Nacional y Prefectura.

Por eso razón, para el titular de la PSA, es innecesario que los policías aeroportuarios estén portando su arma reglamentaria las 24 horas.

Habrá excepciones, como es lógico, para los efectivos que cumplen otro tipo de funciones, como algún tipo de custodia, o cuando participan en operativos o estén cumpliendo funciones bajo órdenes de la Justicia.

Glinski también aclaró que “la decisión tomada no es un cambio de protocolo, sino que se vuelve a los orígenes de la creación de la PSA”, en el año 2010, cuando la ministra de Seguridad de la Nación era Nilda Garré.

“Esta fue la primera fuerza de seguridad federal creada en democracia y se hizo bajo ese espíritu y es lo que queremos recuperar”, detalló el funcionario.

“En ese entonces, en 2010, no existían resoluciones ministeriales vinculadas al uso de armas de fuego, motivo por el cual hubo que ser muy cuidadoso en qué regular y hasta dónde. El Protocolo de armas era importante porque en la PSA estaban por entregar las Taurus que fueron una de las primeras compras de armamento en la institución”, recuerda Glinski.

Fue en esa coyuntura, y durante la intervención y fundador de la PSA, Marcelo Saín –actual ministro de Seguridad de Santa Fe– y con los subinterventores de Preventiva y Compleja: Nicolás Rodríguez Games y Alberto Jofre, que se optó por establecer un protocolo con pautas referidas a la administración y logística de las armas de fuego de los agrupamientos de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y de Seguridad Aeroportuaria Compleja de la PSA incluyendo el principio general de asignación del arma de acuerdo a la función y mientras dure el turno.

La ex ministra y la actual titular del área de Seguridad están enfrentadas por varias medidas que tomó la primera y derogó la segunda.

La ex ministra y la actual titular del área de Seguridad están enfrentadas por varias medidas que tomó la primera y derogó la segunda.

El arma fuera de servicio siempre es un problema. Hay antecedentes de muchas fuerzas donde mueren más efectivos, a manos de los delincuentes, fuera de servicio, que cuando lo están”, recordó Glinski, y agregó: “El gobierno anterior mantuvo la restricción del no uso del arma las 24 horas durante tres años. Y a comienzos de 2019 lo sacó sin ningún tipo de estudio serio. Fue como un gesto simbólico de la administración anterior”.

“La seriedad indica que hay que realizar estudios profundos sobre la actuación policial fuera del horario de servicio, hay instancias anteriores a desenfundar un arma y disparar”, argumentó el funcionario, y destacó que “el arma es de la institución, no del policía. Si el policía, en este caso de la PSA, quiere estar armado, puede hacerlo con un arma de su propiedad. Como ocurría hasta el cambio de protocolo decidido por la anterior ministra. Nadie se lo prohíbe y si la utiliza deberá responder por eso, como cualquier persona”.

Si bien esta decisión fue tomada por una resolución del nuevo titular de la PSA, la ministra Frederic ya había dejado sin efecto varias de las polémicas medidas dispuestas por su antecesora Patricia Bullrich en lo que significó un giro en la política de Seguridad después de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación.

Algunos ejemplos que generaron intercambio de opiniones entre la pasada y la nueva ministra, fueron la derogación del protocolo para el uso de armas de fuego para las fuerzas federales, que les permitían a los policías disparar contra sospechosos en fuga, e incluso sin dar la voz de alto; darle de baja al reglamento para el uso de pistolas eléctricas Taser; el pedido de DNI en estaciones de trenes y el Servicio Cívico Voluntario.

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Politica

El Gobierno inició consultas para ver si cambia el decreto de Macri que permite expulsar extranjeros que cometen delitos

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En línea con la revisión de los principales lineamientos de la gestión anterior que el Gobierno implementó desde la asunción de Alberto Fernández, la Casa Rosada evalúa cambios al Decreto 70 de Mauricio Macri de enero del 2017 con el que endureció el control migratorio e intentó acelerar la expulsión de extranjeros que cometieron delitos en el país.

“En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas. A su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total. En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros. Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5%. Que como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria. Que lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”, había escrito el gobierno de Cambiemos entre los argumentos del decreto firmado por todo el gabinete macrista y que fue defendido principalmente por la ministra Patricia Bullrich.

En la previa de la oficialización del decreto, la ministra de Seguridad había pedido “ordenar las relaciones con Paraguay, Perú y Bolivia” como excusa para endurecer los controles migratorios. Una medida que fue duramente cuestionada por el kirchnerismo.

Patricia Bullrich fue una de las principales defensoras del decreto en la anterior gestión (REUTERS/Mariana Greif)

Patricia Bullrich fue una de las principales defensoras del decreto en la anterior gestión (REUTERS/Mariana Greif)

Ahora, el Gobierno habilitó una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le acercaron al Gobierno un documento con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración, al que pidieron desechar en forma “urgente” para “preservar los derechos de las personas migrantes”.

El tema está en manos del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro. Colaboradores del ministro le explicaron a Infobae que, efectivamente, se dio inició a una ronda de consultas pedidas por las organizaciones de la sociedad civil pero que aún no hay una posición tomada al respecto. “Se está escuchando a todos, todavía no hay una resolución en ningún sentido”, aclararon en el entorno del funcionario, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Migraciones, bajo el control de Florencia Carignano.

Entre el 2016 y el 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner.

En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, declaró la “invalidez constitucional” del Decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones. El juez Ernesto Marinelli había fallado en contra del CELS –que hizo la presentación judicial– en primera instancia. El gobierno de Macri recurrió, después del fallo de cámara, a la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe expedirse.

Mientras tanto, el gobierno de Fernández aún no terminó de definir qué hará con el tema.

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El Gobierno dio un paso más en el Congreso para la aprobación del marco legal con el que renegociará la deuda externa

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El oficialismo avanzó otro casillero en Diputados para distender la relación con la oposición y lograr respaldo para el instrumento legal con el que renegociará la deuda.

Esta tarde, en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara baja, con Sergio Massa como anfitrión, funcionarios del Ministerio de Economía y de Jefatura de Gabinete explicaron los alcances del proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que ingresó esta semana al Congreso. Y prometieron volver el próximo martes para participar del plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas. Es una concesión a medias hacia la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, que reclamó en la semana la constitución de la Comisión de Finanzas y la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por el Poder Ejecutivo estuvieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el viceministro de Economía, Haroldo Montagú, junto con otros funcionarios de su equipo; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; la subsecretaria de Relaciones Parlamentarias, Cecilia Gómez Mirada, y Rodrigo Ruete, subsecretario de Relaciones Institucionales. Por el bloque del Frente de Todos estuvieron Máximo Kirchner, Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Heller, Darío Martínez, Fernanda Vallejos, Itaí Hagman y Ariel Rauschenberger.

Según contaron a Infobae, no se habló sobre la propuesta que hará Argentina a sus acreedores. Sólo se conversó sobre la necesidad de dar un marco institucional y establecer condiciones de sostenibilidad futura. Los funcionarios detallaron el alcance del proyecto de ley. Según indicó el diputado Heller, “para llegar a un acuerdo lo más favorable que se pueda para la Argentina”.

De todos modos, los diputados del oficialismo subrayaron que tanto la reunión como el envío de proyecto de ley deben entenderse como un gesto político hacia el Congreso y la oposición. Probablemente, también, como la necesidad de conseguir acompañamiento para mostrar respaldo interno frente a los acreedores. “Más allá del debate lógico que habrá, es muy probable que haya un gran acompañamiento, un amplio apoyo”, se mostró optimista uno de los diputados que participó del encuentro.

Carlos Heller y Máximo Kirchner, del bloque del Frente de Todos

Carlos Heller y Máximo Kirchner, del bloque del Frente de Todos

Fernanda Vallejos coincidió en que “es muy loable por parte del Gobierno” el envío de la iniciativa cuando, según indicó, podría obviar el paso por el Congreso a partir de las facultades delegadas y concedidas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, Heller recordó que siendo oposición no lograron que Mauricio Macri diera espacio al Poder Legislativo para intervenir al tomar deuda.

Las autoridades del bloque oficialista terminaron de cerrar negociaciones internas y el calendario para el tratamiento de la ley. Para el martes próximo, a las 11, serán citados los diputados que cada bloque propone para la comisión de Finanzas. El Frente de Todos propondrá entre ellos a la diputada bonaerense y economista Fernanda Vallejos, a quien elegirán como presidenta. Así concederán a Juntos por el Cambio el pedido de esta semana para la conformación de esa comisión. Media hora después, el mismo martes 28, arrancará la sesión plenaria de Finanzas junto con Presupuesto, comisión que dejará de presidir el neuquino Darío Martínez. En su lugar asumirá el porteño Carlos Heller. Y Martínez, a quien algunos querían en Finanzas, finalmente será el próximo presidente de la Comisión de Energía.

A pesar del reclamo opositor, el ministro Guzmán no asistirá a explicar cuestiones técnicas de la iniciativa, pero sí lo harán otros funcionarios a designar de Economía y Jefatura de Gabinete. Los diputados peronistas también aseguraron que es voluntad del oficialismo conformar la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa.

A partir de esto, la agenda legislativa quedó conformada de la siguiente manera: el martes 28 de enero a las 11 habrá reunión de la comisión de Finanzas, a las 11.30 de Presupuesto y Hacienda y a las 12.30 una conjunta de ambas.

Al otro día, con el correspondiente dictamen, a las 10 se reunirá el bloque del Frente de Todos y a las 12 la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar y aprobar la media sanción de la ley para renegociar la deuda.

Aunque nadie quiere adelantarse, todo parece indicar que podría haber un amplio apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo. Las fuentes difieren sobre la fecha de tratamiento en el Senado de la Nación. Hay quienes creen que el jueves 30 habrá ley y quienes piden prudencia y aseguran que la Cámara que preside Cristina Kirchner se tomará una semana para tratar la medida.

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